SOBRE LA BATALLA DE LAS CLAÚSULAS SUELO Y LA POSICIÓN DEL ABOGADO DEL TJUE

El 13 de julio de 2016 conocimos la sorprendente noticia de que Paolo Mengozzi, el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se posiciona a favor de la banca, avalando la tesis de que se aplique una retroactividad “limitada en el tiempo” en el cálculo de las cantidades que los bancos deberían devolver a l@s afectad@s por las cláusulas suelo en España. Unas prácticas declaradas abusivas por el Tribunal Supremo en mayo de 2013. Aunque las opiniones del Abogado General no son vinculantes para el Tribunal Europeo, en un 80% de los casos, la sentencia final coincide con su dictamen. En este caso, la sentencia definitiva se espera para el último trimestre del año.
Si el Tribunal de Justicia le diera la razón al Abogado General, la banca no tendría que devolver a los clientes los intereses cobrados de más con anterioridad al 9 de mayo de 2013, fecha en la que el Tribunal Supremo español declaró nulas estas cláusulas por falta de transparencia.
El Abogado General ha seguido la tesis que ya marcó el Tribunal Supremo español, atendiendo a que el impacto económico de la devolución del dinero cobrado de más, afectaría gravemente a la estabilidad del sistema financiero. El impacto para los consumidores no sería sin embargo digno de protección, pues el Sr. Mengozzi considera que “ la repercusión macroeconómica puede justificar la limitación en el tiempo de los efectos de la nulidad de una cláusula abusiva, sin que se rompa el equilibrio en la relación existente entre el consumidor y el profesional ”, lo que a todas luces, parece imposible. Desde luego, esta noticia supone un varapalo para todos los afectad@s por las hipotecas y contiene elementos de humillación, pues supone colocar el interés económico de la banca por encima del Estado de Derecho y dejar sin protección judicial a la parte más débil de los contratos.
Recordamos que el Tribunal Supremo había limitado ya la devolución de las cantidades cobradas de más, en aplicación de la cláusula suelo, al 9 de mayo de 2013, señalando que “es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico”. En otras palabras, el TS español consideró que el abuso bancario no podía ser totalmente eliminado desde el inicio del contrato y para justificarlo, creó un concepto jurídico nuevo llamado “orden público económico”, que tendría un beneficiario directo: las entidades financieras.
Ese “orden público económico” acuñado por el Tribunal Supremo, o esa “repercusión macroeconómica” alegada por el Abogado del TJUE no ha sido alegado para paralizar ningún desahucio, ni para castigar a ningún banquero. Durante más de 6 años, y aun continuamos, hemos asistido a la mayor crisis social de nuestra historia reciente con una vulneración masiva de derechos fundamentales, provocada en gran medida por la conducta irresponsable e ilegal de entidades financieras. Sin embargo, los Derechos Humanos no han sido siquiera mencionados ni por el Abogado General ni por el Tribunal Supremo, que le conceden una fuerza legal superior al “orden público económico”.
Pero además, los argumentos de las entidades financieras y el supuesto impacto de una decisión que hiciera justicia de verdad, son débiles y contienen falsedades:
En primer lugar, se han utilizado únicamente los datos proporcionados por las propias entidades financieras, sin que se hayan auditado dichos cálculos o contrastado con otros informes. Es decir, los supuestos daños económicos “insoportables” se basan en datos facilitados exclusivamente por la banca a quién beneficiaría la decisión del TJUE, y que ella misma que reconoce son cálculos inexactos.
En segundo lugar, los supuestos daños macroeconómicos serían, en todo caso, pérdidas muy relativas teniendo en cuenta los miles de acuerdos extrajudiciales ya firmados entre entidades financieras y afectad@s por los que se renunciaba a la devolución total. Además, el número de demandas judiciales interpuestas durante estos años, es muy bajo en comparación al número de hipotecadas firmadas con cláusula suelo, al haberse obstaculizado la presentación de demandas, el acceso a la justicia, por la imposición de las tasas judiciales (posteriormente declaradas inconstitucionales).
La batalla por la devolución íntegra de los abusos por cláusulas suelo en España representa mucho más que los millones de casos concretos que se verán afectados. La opinión del Abogado General del TJUE, impresentable en la forma y en el fondo, pone de manifiesto la existencia de un poder económico por encima de las leyes, capaz de presionar a su favor a instituciones nacionales e internacionales, y que además continua desahuciando cada día sin que desde el poder político y judicial se le ponga coto.
Esta pésima noticia nos pone también sobre aviso de la necesidad de mantener y reforzar la presión popular frente a los poderes financieros, como han hecho las PAHs desde el inicio de la crisis. La ciudadanía organizada ha ganado multitud de pequeñas victorias y ha tutelado derechos en condiciones muy duras, sin embargo la pelea está lejos de haber terminado.
¡Nos vemos en las calles!
SÍ SE PUEDE.
Comisión Jurídica de la PAH.

*1- Declaraciones del Presidente del Banco Popular, en fecha 26-5-2016, sobre una posible nulidad total desde el inicio de los contratos de préstamo: “es muy difícil de calcular esa eventualidad por las condiciones que comporta de distintos clientes y distintas clases de operaciones.”

http://www.elconfidencial.com/empresas/2016-05-26/angel-ron-banco-popular-retroactividad-clausulas-suelo_1206602/

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