Los bomberos, apoyamos a los afectados por los desahucios.

Los bomberos somos un servicio público enfocado a garantizar el bienestar de la ciudadanía, nuestro escudo proclama“Salux populi, suprema lex” es decir, la salud del pueblo es nuestra suprema ley.

El artículo 47 de la constitución española establece el derecho a una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes públicos los responsables de velar por su cumplimiento.

Por estas razones los bomberos entendemos que desahuciar a familias sin recursos, seguramente con sus miembros en paro por la nefasta reforma laboral, presos de condiciones abusivas en sus cláusulas hipotecarias, con objeto de incrementar los beneficios de una banca especulativa a la que estamos rescatando “con  fondos públicos” es claramente anticonstitucional, además de éticamente inmoral. Así pues, por conciencia y decencia nos ponemos al lado de los ciudadanos afectados.

Los bomberos somos partidarios que las deudas se paguen pero, en el caso de los desahucios, no debemos olvidar que la vivienda es un derecho y no un producto financiero, por eso creemos que las personas desahuciadas tiene derecho a una segunda oportunidad.

Es difícil entender que las administraciones públicas no ofrezcan alternativas dignas para quienes firmaron hipotecas y contratos de alquiler de buena fe, y que no han podido continuar pagando por causas de fuerza mayor o derivadas de la crisis. Se ampara y rescata a bancos pero no a las personas que se han visto afectadas por la arriesgada conducta y mala gestión de aquellos. Crisis que, con el paso de estos años, comprobamos no fue provocada por los hipotecados, sino por la codicia y la especulación de los bancos y que, apoyada por la reforma laboral, ha conducido a un suicida aumento del paro.

¿Es legítimo un gobierno que inyecta ingentes cantidades de dinero público para rescatar a la banca, sin ninguna condición, ni supervisión sobre el uso de este dinero que es de todos? ¿Es licito permitir que los bancos empleen este dinero en salvar a los grandes fondos de inversión, a los grandes tenedores de la deuda, cercenando el crédito a las familias y, a la pequeña y mediana empresa (que es la que crea empleo)?

¿Cabe hablar de respeto a la constitución en un país donde la primera causa de suicidio es el desahucio, habiendo millones de pisos vacíos en manos de los bancos? Es inaceptable que las administraciones no asuman su responsabilidad, su deber con la sociedad y ofrezcan respuestas a esta situación alarmante.

 Según la agencia EFE, la gran Banca española multiplicó por cuatro sus beneficios en el 2013, mientras la economía caía un 1,2% y se destruían 198.000 empleos.

A la par, el sueldo de los directivos subió un 7% mientras que el de los empleados  caía un 0,5%.

Ante este escenario, cabe preguntarse: ¿Es legítima la desobediencia civil, como la que practica en nuestro país la Plataforma de Afectados por la Hipoteca?

Por supuesto que lo es, precisamente la PAH ha tenido importantes premios en reconocimiento de su lucha por los derechos, como el Premio Nacional de Derechos Humanos 2012, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y el Premio Ciudadano Europeo 2013, del Parlamento Europeo. Sin embargo, no ha servido para que el gobierno español cambie el rumbo de su política ante los desahucios, pero si para ganarse el respeto y la admiración de los bomberos.

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