LAS PAHS DEL PV ENTREGAN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS VALENCIANOS 70 ENMIENDAS PARA QUE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE LA VIVIENDA GARANTICE EL DERECHO A LA VIVIENDA

1.- Necesidad de mejorar el Anteproyecto de Ley presentado en les Corts. Las PAHS hemos presentado a la Conselleria casi 70 enmiendas y le hemos señalado cuáles de ellas consideramos imprescindibles para resolver los gravísimos problemas de la ciudadanía que constatamos las PAHS en nuestro trabajo diario. Sin embargo la Conselleria ha decidido no incluirlas, salvo un pequeño detalle. Este proyecto, así, no es nuestro proyecto porque no servirá para resolver los problemas, con esta ley, las PAHS seguiremos teniendo que parar desahucios, presionar para conseguir daciones en pago y alquileres sociales… Seguiremos siendo las PAHS quienes tutelemos los derechos que la ley no tutela.
2.- Presentar a todos los Partidos Políticos Valencianos qué aspectos fundamentales debería incluir la ley para garantizar el derecho a la vivienda, ante el inicio del trámite parlamentario. En concreto: el reconocimiento del derecho universal a la vivienda, aunque deba aplicarse de manera progresiva; medidas contra el sobreendeudamiento de las familias; por una definición de alquiler social que ayude en la creación de un parque publico suficiente para cubrir las necesidades sociales; por un modelo de intervención que responsabilice a la banca y no suponga un fenomenal trasvase de fondos públicos hacia ella; por el uso de suministros básicos para toda la ciudadanía. Y además medidas de urgencia ante la emergencia habitacional.

3.- Explicar a la ciudadanía porqué el Dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, más allá del respeto a la formalidad, se aleja de la vida de la ciudadanía y se convierte en un freno para resolver el problema de la vivienda, que debe superarse. Hemos de explicar cómo, a veces, las leyes impiden avanzar y deben cambiar: el CJC incorpora con argumentos formales ajustados, todo un discurso reaccionario, por cierto defendido exclusivamente por el Partido Popular, que está paralizando los avances en Andalucía, Canarias, Navarra, País Vasco y Cataluña materializado en los recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

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