Las mociones de la PAH para multar los pisos vacíos inquietan a la banca

En un mes y medio, 75 ayuntamientos catalanes que suman más de cuatro millones de habitantes han aprobado la moción presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con el objetivo de que las entidades financieras y el conocido como ‘banco malo’ pongan en uso su parque de viviendas va­cías. Lo han hecho aprovechando el resquicio que dejaba una ley del tripartit del año 2007, cuyo instrumento más audaz, la apertura de multas de hasta 500.000 euros por cada piso vacío, no había sido aplicado en estos seis años de crisis. Otros 42 consistorios catalanes discutirán la moción en los próximos días. En total, 117 ciudades (en toda Cataluña hay 946) en una lista que se actualiza constantemente.

La iniciativa está comenzando a inquietar a la banca. En la ciudad barcelonesa de Terrassa (213.000 habitantes), que fue la que primero aprobó la moción y que anunció las primeras multas a la banca en diciembre, 700 de 725 requerimientos iniciados han recibido ya alegaciones de los bancos. La mayoría de estos recursos, según el ayuntamiento, argumentan que los pisos ya han sido vendidos o que la imposición de la multa no es competencia municipal.

Una de las entidades (cuyo nombre no se ha hecho público) ha llegado a contestar a cada expediente con seis alegaciones en las que pedían, entre otras cosas, los nombres de los técnicos que habían firmado los requerimientos con el supuesto objetivo de iniciar procesos contenciosos administrativos contra el Ayuntamiento. “Esta entidad puede hacer lo que considere, nosotros entendemos que estamos aplicando la ley. Delan­te de un problema de emergencia social la gente no entiende que la Administración no actúe”, señala Carme Labòria (PSC), concejala de vivienda y teniente de alcalde en esta ciudad.

En total este ayuntamiento ha impuesto ya tres multas coercitivas, cuyos primeros importes son de 5.000 euros. El proceso es largo y tanto la PAH como el ayuntamiento aclaran que su objetivo no es recaudatorio. “El objetivo no es sancionar sino intervenir y que las viviendas se pongan en circulación al precio que la gente puede pagar. Es una medida de cajón”, destaca Guillem Domingo, miembro de PAH Terrassa. La moción considera vivienda vacía y por tanto, susceptible de ser multada, a aquella que permanece sin habitar por más de dos años. Sólo en Terrassa el Ayuntamiento tiene constancia de 2.000 pisos pertenecientes a la banca que cumplen esta condición. “Todas las entidades tienen expedientes abiertos”, confirma Labòria a DIAGONAL.

Así hasta llegar a la multa máxima de 500.000, siempre en función de las características de la vivienda. “Los bancos van a presionar a los ayuntamientos por el nivel de deuda que tienen, pero al final es complicado que se pongan a presentar denuncias por lo contencioso administrativo contra todos los ayuntamientos que se están sumando a la moción”, opina Domingo. Para Labòria, “no son los municipios solos los que tenemos que afrontar esto, es un problema de todos los municpios, tiene que haber una reacción a nivel autonómico y estatal y hasta ahora no ha habido respuesta”.

La PAH hace valer no sólo su especial fuerza en Cataluña, sino el hecho de que sea la segunda autonomía donde más procedimientos de ejecución hipotecaria se producen, sólo después de Andalucía, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al segundo trimestre de 2013. En esta comunidad se concentran también 450.000 viviendas vacías (de un total de 3,4 millones existentes en todo el Estado español) y un marco legal autonómico en principio más propicio para hacer efectivo el derecho a la vivienda, como destaca el informe de Emergencia Habitacional en el Esta­do espa­ñol elaborado por el Obser­vatori Desc y la PAH Barcelona.

“Es una cuestión de que ahora hay presión social y antes no la había. Llevamos mucho tiempo de crisis y ahora los ayuntamientos están desbordados”, señala Mercè Pidemont, abogada del Observatori Desc y también militante de la PAH barcelonesa. La letrada destaca que, de hecho, gran parte de las medidas incluidas en la moción impulsada por el movimiento –como las medidas para el fomento del alquiler o la rehabilitación– ya se encuentran en muchos planes de vivienda municipales. Pero las multas, que son las que han terminado de dar relevancia mediática a la moción, no se habían aplicado.

Multar o tasar pisos vacíos

Una idea similar lleva tiempo aplicándose en Francia. Según señala la urbanista Raquel Rodríguez, los impuestos –que no multas– a las viviendas vacías se aplican “sólo donde se detecta que hay demanda de vivienda y su precio es alto, y lo recaudado se invierte en política de vivienda”. Y en Reino Unido, señala, agencias municipales revisan el parque de viviendas y negocian con la propiedad en caso de que se considere que la vivienda debe ser puesta en uso.

Esta experta piensa que es difícil conocer la demanda de vivienda “cuando aquí ni el Estado ni las autonomías ni los ayuntamientos han conseguido montar una estructura de vivienda social estable que permita tener datos”. Y apunta a otro obstáculo más directamente político: que desde el Gobierno –el central o el auto­nó­mi­co– se recurriera la ley catalana al Constitucional, tal y como ha hecho el Gobierno de Rajoy en dos ocasiones con la ley andaluza de vivienda.

En el caso de la ley catalana de vivienda de 2007, ésta ya fue respaldada por el Consejo de Garantías Esta­tu­tarias, un órgano equiparable al Tribunal Constitucional. En teoría, un nuevo recurso del Gobierno español, esta vez contra la ley catalana, supondría un nuevo enfrentamiento institucional al más alto nivel en pleno conflicto soberanista. Y, según destaca Domingo, “los podadores de CiU ya se encargaron de eliminar de la ley la parte que preveía las expropiaciones” cuando Artur Mas llegó al Gobierno. “Se produjo entonces el típico debate poco profundo de este país alrededor de una palabra”, opina el activista.

Mientras, señala Domingo, la presión no se detiene. “Hasta que no haya viviendas a precios asequibles la Obra Social continúa”, declara en referencia a la campaña por la que la PAH ha realojado a centenares de personas en pisos vacíos de los bancos. “Cada semana nos llega gente a las asambleas que está ya sin casa propia o lo va a estar”, explica. Y tambiéncontinúa la vigilancia para que los planes municipales se cumplan: un documento interno del Ayuntamiento de Barcelona filtrado al diario El País mostraba que de 50 pisos que Catalunya Caixa había ofrecido al Consistorio para vivienda social, sólo tres eran habitables.

Via: El diagonal

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