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CONCENTRACIÓN POR EL DERECHO A LA VIVIENDA Y CONTRA LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS DE LA LEY DE CRÉDITO

La PAH denuncia los abusos encubiertos en la Ley de Créditos Inmobiliarios, einterpela a PSOE, PP y CS para que la adecuen a las demandas de la PAH, protegiendo a los deudores hipotecarios en consonancia con la ley de vivienda de la PAH.

 

Hoy miércoles, 21, la PAH exigió al PSOE que se desmarque del proyecto de Ley redactado por Luis de Guindos, que en lugar de anular las cláusulas abusivas las blanquea, moderándolas para que la banca siga ganando. Además de forma retroactiva, que sin embargo no contempla para la dación en pago.

La PAH no va a consentir que mantengan la responsabilidad ilimitada del deudor quien, además de perder su vivienda, seguirá siendo perseguido junto a sus avalistas.

Este mismo martes se ha debatido articulado de esta ley en la Comisión de Economía del Congreso, y PP y PSOE van de la mano en dirección contraria a lo dictado por los tribunales tanto en el interés de demora como con el vencimiento anticipado, lo cual amenaza a miles de procedimientos hipotecarios.

Si este proyecto de ley sigue adelante como está, la PAH denunciará la sumisión de todos los que apoyen este nuevo favor a la banca parcheando la doctrina europea.

Es el momento de adecuar esta ley de crédito a la Ley de Vivienda de la PAH.

Y en este sentido, la PAH denuncia que PP y C’s están bloqueando esta ley urgente redactada por las propias afectadas por la burbuja inmobiliaria, solicitando ampliar el plazo de enmiendas cuando aún no han presentado ninguna propuesta a la PAH. El PSOE no puede ponerse en contra del derecho a la vivienda aceptando que la banca no sea sancionada por sus abusos y poniendo garantías de no repetición.

NO A LA LEY DE CRÉDITO INMOBILIARIO!!

POR UNA LEY SIN CLAUSULAS ABUSIVAS!!POR EL DERECHOI A LA VIVIENDA!!

Sí se puede¡¡ 

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¡Ya era hora! El Congreso aprueba la toma en consideración de la Ley Vivienda PAH

Tras una década de lucha social, llegó la hora de hacer justicia con las familias afectadas por la usura de la banca y las leyes criminales                                 

El 18 de septiembre de 2018, pasará a la historia en la lucha de los derechos civiles de nuestro país como el día en que el Congreso tomó en consideración la Ley de emergencia habitacional para familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, más conocida como la Ley de Vivienda de la PAH.            
            
Justo cuanto se producen 10 años del estallido de la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria, más de 700.000 desahucios después, otros tantos centenares de miles de familias que han estado o están al borde del desahucio, una incierta cifra de suicidios pero que supera seguro varios miles, después de toneladas de sufrimiento injusto, injustificable, inhumano e irracional, por fin la representación de la ciudadanía ha decidido estudiar las propuestas de la PAH, elaboradas con la autécticas conocedoras de los devastadores efectos de la crisis, la estafa hipotecaria o la actual burbuja del alquiler: las familias afectadas.     
            
En una situación de absoluta emergencia habitacional, con cerca de 16.000 desahucios sólo en el primer trimestre de este año, con unos precios y una regulación del alquiler que está expulsando a la gente, no solo de sus casas sino también de sus barrios y ciudades, precarizando aún más las condiciones de vida,  con unos precios de compra subiendo al ritmo de los años de la burbuja y sin un parque público de vivienda social en regimen de alquiler que frene las subidas, con unos fondos buitre que no paran de acaparar vivienda a precios de saldo, pero que no sacan al mercado para especular con ellas; y un oligoplio energético que inpunemente no duda en cortar los suministros básicos de agua, luz y gas, condenando a una vida de frío y oscuridad. Este es el contexto en el que ¡Ya era hora! Se escuchan nuestras propuestas.            
            
La Ley de Vivienda de la PAH es una propuesta de Justicia Social que nace del sufrimiento, pero que constituye la única esperanza para conseguir que el acceso a la vivienda en este país, pueda dejar de depender exclusivamente del nivel de renta de las familias, y llegue algún día a ser considerado como un Derecho exigible por la ciudadanía.            
            
Vamos a estar muy pendientes del trámite de la ley, no vamos a consentir que, vía enmiendas, puedan desnaturalizar el espíritu, los contenidos o el alcance de nuestra ley. Ni tampoco que con argucias retrasen su aprobación definitiva, que esperamos no más allá de la próxima primavera, porque la situación es dramática.            
            
Vamos también en paralelo, a pelear por otras medidas también imprescindibles, pero que por razones jurídicas no cabían en la ley, como la retirada inmediata de los recursos de inconstitucionalidad contra todas las leyes autonómicas que interpuso el gobierno del PP, vamos a exigir el cumplimiento inmediato del dictamen del Comité DESC de la ONU, a pelear por una reforma fiscal de la vivienda que saque al alquiler los 3,5 millones de casas vacías que hay según el INE…           
            
Y aunque somos fuertes, este camino no lo vamos a hacer solas, sino de la mano de la Alianza contra la Pobreza Energética, que ya colaboró en el redactado de la Ley, y del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Colectivos sociales, que junto a la PAH, luchan por el Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada en este país; así como un gran número de movimientos sociales que nos han acompañado en este proceso y continúan estando a nuestro lado.       

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LA PAH NO PUEDE ASUMIR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, QUE SE CONVIERTE EN UN ACICATE MAYOR PARA IMPULSAR MÁS AÚN LA LEY 2/2017 POR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA Y EN EL ESTIMULO INELUDIBLE PARA EXIGIR QUE SE APRUEBE LA LEY DE VIVIENDA DE LA PAH EN EL MARCO ESTATAL

Ante la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio respecto al recurso de inconstitucionalidad 5425-2017 interpuesto por el anterior presidente de gobierno contra determinados artículos de la Ley 2/2017 por la función social de la vivienda en la Comunidad Valenciana, las PAHs del PV, queremos manifestar lo siguiente:

  1. Lamentamos que el Ministro de Vivienda no haya querido responder, ni siquiera formalmente, a la petición de reunión de la PAH: junto a la importancia de la Ley de Vivienda de la PAH y la defensa del Dictamen DESC para que nunca haya un desahucio más de una familia vulnerable sin alternativa habitacional, íbamos a plantear que de manera inexcusable y urgente el Sr. Sánchez paralizara todos los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes de vivienda aprobadas en las CCAA.
  2. Respecto a la sentencia, a fecha de hoy carecemos del texto original, que merecerá, en su caso, un análisis pormenorizado, pero con la información que tenemos podemos decir que ignoramos las razones que han motivado al Tribunal Constitucional resolver de manera acuciante el recurso contra artículos de la Ley 2/2017 mucho antes que otros anteriores; también la falta de coherencia que a nuestro entender tiene con otras CCAA; y, de ninguna  forma podemos aceptar el argumento fundamental que se invaden competencial del Estado: nos parece una apuesta política por una recentralización que impide el desarrollo de las competencias que la misma constitución establece a las CCAA. Y, con más profundidad, nos preocupa cómo el Alto Tribunal puede no favorecer el espíritu de la Constitución en sus artículos 47 [Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada], el artículo 33.2 [cómo la función social debe limitar el derecho a la propiedad], el 10.2     [Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, en relación con el Dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU respecto al artículo 11 [el derecho de toda persona a una vivienda digna…] del PIDESC, y del art. 31 de la Ley 25/2014 ­–Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional–], a la vista de los artículos que a continuación se suprimen de la Ley.
  3. Es inconcebible que elimine del texto legal: -el artículo 6.1 que garantiza el derecho subjetivo a la vivienda y poder ser reclamado ante los tribunales; -los artículos 12.4, 13 y Anexo I que impide incoar procedimiento de expropiación temporal del uso de vivienda cuando un banco o gran tenedor de viviendas se niegue a firmar un contrato de alquiler con una familia que vaya a ser desahuciada, esté en situación de vulnerabilidad y no tenga recursos para encontrar una vivienda en el mercado, aunque sea la Generalitat quien avale el cobro de la renta; y, además el artículo 23. 5 que suprime la obligación a las suministradoras de luz y gas que, antes de cortar los suministros, recaben de los Servicios Sociales un informe para determinar si la persona o la unidad de convivencia se encuentra en una situación de riesgo residencial.
  4. Las PAHs del PV han solicitado una reunión con el nuevo Director General de la Vivienda que sí se va a hacer y que está pendiente de concretar fecha en este mes de julio, en la que analizaremos, junto a la emergencia habitacional, el desarrollo de la ley 2/17 a la vista de las implicaciones que esta sentencia del TC tiene en la misma, de tal trascendencia que pediremos la presencia de la Consellera de vivienda.
  5. Esta sentencia pone en evidencia que es absolutamente necesaria la Ley de Vivienda de la PAH, nos alienta en nuestra lucha para conseguirla, puesto que en ella enmarcan de una vez las competencias correspondientes del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos, superando de una vez el infructífero discurso del conflicto permanente de invasión de competencias, viejo argumento reincidente, utilizado también en esta sentencia del Tribunal Constitucional.

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LA MOVILIZACIÓN SOCIAL DE LA PAH PARALIZA EL DESAHUCIO DE ALISA Y SU FAMILIA EN OLIVA

La PAH ha conseguido que los tres hijos de Alisa y Jose no tengan que salir de casa durante los tres próximos meses y, además, el compromiso del Ayuntamiento de una vivienda de emergencia social hasta que se rehabilite la vivienda quemada propiedad de la família.

Sin embargo, lamenta la falta de implicación con el DESC y el ambiente represivo.

14/07/2018.- Una trentena de activistas se concentraban ayer -desde primera hora de la mañana- ante las puertas de la vivienda de Alisa, sus tres hijos, y su compañero, José. Estaban convocadas por la PAH Safor-Valldigna y el resto de PAH’s de todo el País Valencià, para acompañarles ante la inminente orden de desahucio que a las 10 am iba a dejar a esta familia en la calle.

A la llegada de las y los activistas, vecinas/os y familiares de Alisa y José, les esperaban unos 15 Guardias Civiles que, pese a estar la concentración comunicada en forma a la Delegación de Gobierno de Valencia, hacían imposible que esta concentración se pudiera realizar en el punto indicado. No obstante, y ante tan desproporcionado despliegue de fuerzas, las/os activistas optaron por permanecer cerca de la casa de la familia, a la espera de la llegada de la Comisión Judicial. Ésta no llegó, finalmente, porque a instancias de la procuradora de Bankia, el juez había dictado la suspensión del desahucio.

Por tanto, el juez no dictó la suspensión del desahucio atendiendo a la solicitud de suspensión cautelar que el Comité DESC de Naciones Unidas realizaba el pasado martes; sino que sólo atendió a la decisión de la parte demandante, es decir, Bankia, propietaria del imnueble. Read more »

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Necesitamos la #LeyViviendaPAH para lograr cambios estructurales que garanticen de una vez por todas en este país el derecho a una vivienda digna!

Hoy miércoles  27 de junio,  la PAH ha convocado concentraciones en todo el Estado; en Valencia en la sede del Banco de Santander, calle las Barcas, 8. Bajo las siguientes consignas: 

  • La vivienda es un derecho, no una mercancía. Contra el acaparamiento especulativo de los Fondos de títulización, Fondos Buitre y Socimis.Queremos parque público de viviendas.
  • Contra la ingeniería legal y sus aliados necesarios: NO a la Ley de contratos de Créditos Inmobiliario
  • No son suicidios, son asesinatos

  Blackstone y Tinsa van al Congreso a responder ante la Comisión Investigación crisis financiera España.

Desde que posó sus garras sobre nuestras casas, Blackstone, a través de un complejo entramado de sociedades, se ha convertido en la primera inmobiliaria privada en España, despachando un trato indigno a sus inquilinas y contribuyendo a inflar la escandalosa burbuja del alquiler. Blackstone, el mayor fondo buitre del mundo, aterrizó en nuestro país en 2013 cuando la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, le vendió 1.860 viviendas protegidas en alquiler de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) por 128,5 millones de euros. Una operación escandalosa que abrió las puertas a que, a día de hoy, Blackstone sea el mayor gestor inmobiliario y hotelero en España, patrocinando cientos de desahucios y la actual burbuja de alquiler.

Un año más tarde compró 40.000  hipotecas por 4.000  millones  de  euros,  con un fuerte descuento (que no se ofreció a los hipotecados), en un proyecto llamado Hércules, a Catalunya Caixa: una banca previamente rescatada con 12.000 millones de dinero público cedidos sin ninguna contraprestación social a cambio, que no dudó en deshacerse de sus activos tóxicos en lugar de rescatar a las familias, que previamente había estafado. Blackstone creó Anticipa, su filial en España, para gestionar estos casos. Desde entonces, este fondo buitre ha creado decenas de SOCIMIS, empresas que gracias al Partido Popular y su creación de un régimen fiscal privilegiado, están libres de pagar  el impuesto  de  sociedades y un sinfín de operaciones que han dejado a las familias con hipotecas o alquileres en manos de bancos como Catalunya Caixa, BBVA, Santander o Banco Popular, en total indefensión.

Por el camino dejan un sinfín de prácticas mafiosas como la extorsión, el chantaje, el soborno, alquileres superiores a las capacidades de pago (excusados en las ayudas de la Administración), cláusulas abusivas o la venta de las viviendas antes de la finalización de los contratos de alquiler social para provocar la expulsión de las inquilinas. Read more »

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LA LEY DEL PDECAT CRIMINALIZA FAMILIAS VULNERABLES QUE NECESITAN SOLUCIONES

Ciudadanos, PP, PSOE, PNV y PDeCAT crean un frente común para seguir vulnerando los Derechos Humanos de la ciudadanía, algo que son incapaces de hacer cuando se trata de defenderlos.   

Ayer martes 24 de abril el Congreso de los diputados protagoniza un recorte de derechos fundamentales de las familias más vulnerables, que se han visto forzadas a ocupar por necesidad. En relación con la proposición de modificación de la Ley 1/2000, propuesta por el PDeCat, y que está prevista su aprobación a lo largo de la mañana en el Congreso, desde la PAH consideramos:

1) Que esta modificación que tiene como presunto objetivo facilitar los desahucios por ocupación, a velocidades de vértigo, no ofrece ninguna solución a las familias que se ven obligadas a ocupar para no quedarse en la calle. Este drama se está dando en nuestras ciudades y barrios ante la incapacidad de las familias de acceder a una vivienda. La compra no es una opción. El alquiler, con un aumento anual del 9% de los precios, tampoco es una alternativa. Y el parque público de vivienda no supera ni un 2%. Estos datos muestran una realidad a la que se enfrentan miles de familias: o vivir en la calle con sus hijos, u ocupar por necesidad.

2) El problema son los desahucios y la falta de políticas públicas que garanticen el Derecho a la Vivienda. El PDeCAT no ofrece ninguna solución, tan solo alienta a la persecución y criminalización de las familias. El mayor ejemplo es que esta modificación, eleva la anécdota a categoría, ya que siendo muy escasas las situaciones descritas en su preámbulo, se da a las mismas un tratamiento propio de situaciones multi-reiteradas. Permitiendo, además, la posibilidad de entrada por parte de la policía para la identificación de los ocupantes de una vivienda: lo que nos recuerda a la patada en la puerta que forzó la dimisión del exministro Corcuera, siendo esta práctica radicalmente contraria a la inviolabilidad del domicilio, recogida en la Constitución Española como derecho fundamental. Y que choca directamente con el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que España suscribió en 1976. Por lo que, desde la PAH, ya anunciamos que acudiremos al Comité DESC de la ONU para impedir su aplicación. Y recordamos que hablamos del mismo comité de la ONU que recientemente sentenció que los desahucios sin alternativa habitacional suponen una violación directa de los Derechos Humanos [https://m.eldiario.es/sociedad/desahucio-ONU-ocupacion_0_762224637.html].

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EL PSOE PLANTEA MEDIDAS EN EL ALQUILER QUE NECESITAN LAS PROPUESTAS DE LA LEY VIVIENDA PAH PARA SER EFECTIVAS

El pasado 16 de marzo, el PSOE registró una propuesta para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos que regula la duración y los precios de los alquileres. La propuesta, si bien anda por buen camino recuperando mecanismos que existían en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, debe ser más ambiciosa para hacer frente a la burbuja del alquiler.

Su propuesta se centra en dos ejes. Por una parte, el PSOE pretende aumentar la duración mínima de los contratos de 3 a 5 años. Si bien es positivo este aumento, es necesario aumentar mucho más la duración contractual para que vivir de alquiler se pueda compaginar con proyectos largos de vida. Desde la PAH, hemos propuesto desde hace años una duración de 5 años con prórroga por otros 5 en casos de pequeño propietario. Incluso, una duración de 10 años con prórroga por otros 10 en casos de gran tenedor como pueden ser un banco o una gran inmobiliaria.

Además, es necesario que se establezcan contratos de duración indefinida para colectivos vulnerables. Hablamos de personas que tienen especiales dificultades a la hora de buscar otra vivienda frente a la negativa de que les renueven los contratos de alquiler; de hecho, ya se ha legislado esta duración en la Ley 2/2017 de la Generalitat Valenciana por la función social de la vivienda para las personas mayores de 65 años, discapacitados del 33 % o superior, familias con dos o más hijos en edad escolar, víctimas de violencia de género, menores tutelados y aquellos colectivos que se determinen reglamentariamente.

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LA LEY VIVIENDA PAH CONTIENE SOLUCIONES MIENTRAS QUE LA PROPUESTA DE LEY DE CIUDADANOS PROMUEVE EL ODIO

El pasado 20 de marzo, el partido de Albert Rivera se alió con el PP en la Mesa del Congreso para impedir la tramitación de la Ley Vivienda PAH. Una propuesta de ley realizada por las mismas familias afectadas que durante los últimos 9 años han parado desahucios a pie de calle. Una propuesta que, de aprobarse, acabaría con la emergencia habitacional. De este modo, PP y Ciudadanos pretendían impedir que una ley necesaria para salvar vidas en juegos ni siquiera se debatiera en el Congreso, protagonizando uno de los ataques más grotescos a la democracia.

Por si fuera poco, el mismo día en que Ciudadanos daba la espalda a las familias vulnerables, registraba en el Congreso una propuesta de ley para agilizar los desalojos forzosos de familias que se han visto en la necesidad de ocupar. De nuevo, Ciudadanos demuestra no tener ningún tipo de visión sobre la problemática habitacional actual. Los precios del alquiler han aumentado un 40% sólo entre 2013 y 2017. Más del 60% de los desahucios son actualmente por impagos de alquiler, porque las familias no pueden hacer frente a los precios desorbitados. Y las personas vulnerables que se ven en la calle, encuentran cerradas las puertas de la Administración pública, la cual solo cuenta con un 1% de parque público en todo el Estado para realojar a las 600.000 familias que han sido desahuciadas desde 2009.

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La PAH CONVOCA HOY, DÍA 12 DE ENERO MOVILIZACIONES POR UNOS ALQUILERES ASEQUIBLES

Hoy las Plataformas de Afectados por la Hipoteca reivindicamos la necesidad de regular los alquileres como propone la Ley Vivienda PAH, una propuesta de ley registrada en el Congreso.

El precio del alquiler se ha disparado, aumentando un 30% entre 2013 y 2016. La mayoría de la gente joven que alquila en las grandes ciudades dedica más de la mitad de su precario sueldo en el alquiler. Y a las familias les resulta imposible desarrollar proyectos largos de vida mediante el alquiler ya que tenemos los contratos más cortos de toda la Unión Europea. Es obvio: la emergencia habitacional que existe en las hipotecas se ha extendido a los alquileres. Como resultado, muchas vecinas se ven forzadas a abandonar sus barrios y municipios de toda la vida porque no pueden hacer frente a los precios. Las familias que se quedan en la calle, en ausencia de un realojo garantizado por la Administración, están abocadas a ocupar por necesidad. Vivir se ha convertido en un privilegio.

El gobierno del PP modifico la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 con consecuencias nefastas. En primer lugar, redujeron el mínimo de duración de los contratos de 5 a 3 años. En segundo lugar, desvincularon los precios del IPC en las renovaciones contractuales. Una reforma innecesaria, que estaba hecha a medida de los grandes especuladores y los fondos buitresEspeculadores como Norvet, Elix, Anticipa, Cerberus y Goldman Sachs, que compran bloques enteros en las ciudades, negándose a renovar los contratos a las residentes e incluso realizando acoso inmobiliario. También de fondos como Blackstone, que en 2015 compró parte de la cartera hipotecaria de CatalunyaCaixa para poder quedarse con los hogares de familias que estaban en proceso de desahucio. Y esto ocurrió a pesar de que CatalunyaCaixa había sido rescatada con 12.000 millones de dinero público sin ninguna contraprestación social a cambio. Read more »

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LAS PAH DE PAÍS VALENCIÀ TRANSMITEN EL MALESTAR ANTE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO POR EL GOBIERNO CENTRAL DEL PP A LA PRESIDENTA DEL PP DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Las PAHs-PV Y los partidos que votaron a favor de la Ley 2/2017 de Función Social de la Vivienda de la Comunidad Valenciana convocan el próximo miércoles 3 de enero a las 10 de la mañana una Rueda de Prensa en Les Corts para reiterar la necesidad de luchar conjuntamente por el derecho a la vivienda y, en concreto, defender la Ley 2/2017 por la Función Social de la Vivienda frente al recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central del Partido Popular.
Es importante esta unidad en nuestra Comunidad porque hay que dar solución al problema habitacional, ya que no está resuelto por las medidas del Gobierno. El Partido Popular no aceptó la ILP presentada por la PAH en 2013 y recurre todas las Leyes Autonómicas que intentan avanzar seriamente para resolverlo, como la Ley 2/2017 por la Función Social de la Vivienda y la Ley 3/2017 contra la Pobreza Energética
Una interpretación restrictiva y parcial de la Constitución Española no puede ser la coartada para ni legislar en el estado, ni dejar que se legisle en las CCAA. Por eso los Grupos Políticos, más allá de las propias discrepancias, y las PAHs del País Valencià vamos a explicar conjuntamente el alcance y argumentos en esta Rueda de Prensa. También instaremos a que el PP cambie su actitud cerrada y busque soluciones definitivas aprovechando la presentación de la Ley de vivienda de la PAH el 10 de enero en el Congreso de los Diputadas en Madrid. Esperamos que la tramitación de esta ley desbloquee esta situación y ayude a lograr el legítimo derecho de desarrollo de la competencia exclusiva atribuida por el articulo 49.1. del Estatuto de Autonomía:  la ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda en nuestra Comunidad
Por el derecho a la vivienda y a los suministros básicos ¡
Por el respeto a las leyes autonómicas 2/2017 y 3/2017 que los desarrollan¡¡

aquí adjuntamos la carta que se le ha enviado a la Presidenta del PPCV:

Sra. Isabel Bonig
Presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana
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