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Primeras respuestas de los partidos a las “Exigencias de la PAH” para las elecciones del 20D

Después de ocho años de nefastas políticas para abordar la emergencia habitacional, de políticas de cara a la galería pero que en ningún momento han garantizado el derecho a la vivienda, el pasado 8 de septiembre presentamos públicamente la campaña Exigencias PAH.

Las elecciones generales abren la posibilidad de una nueva correlación de fuerzas que permita superar los límites de la mayoría absoluta del Partido Popular, la cual solo ha seguido los dictados de la banca y las empresas suministradoras. Queremos asegurarnos que todos los candidatos y partidos que se presentan a las elecciones generales se comprometan con unos mínimos para garantizar el derecho a la vivienda y poner fin de una vez por todas a los desahucios y la pobreza energética. Y que nadie apoye ni vote a los partidos que no asuman plenamente ese compromiso. Les interpelamos para que se comprometan con medidas concretas y dejen claro el cuándo y el cómo las aplicaran.

Contando con el amplísimo apoyo de la sociedad a las exigencias de la PAH y con el convencimiento de que vamos a ganar el derecho a la vivienda, lanzamos este órdago a los partidos políticos y hacemos un guiño a la ciudadanía para que nos apoye de cara a las próximas elecciones del 20D. Recordamos que las “ExigenciasPAH” se pueden resumir en cinco puntos:

1. Dación en pago retroactiva. Mecanismos de segunda oportunidad, condonación de la deuda, liberar a los avales y eliminar las cláusulas abusivas.

2. Alquiler estable y asequible. Modificar la ley para que los contratos del alquiler sean más estables y seguros.

3. Vivienda accesible. Paralización de los desahucios y creación de un parque de vivienda público de vivienda a través de la movilización de la vivienda vacía.

4. Suministros básicos garantizados. Evitar cortes y responsabilizar a las suministradoras.

Durante la primera fase de esta campaña nos vamos a reunir con los partidos que se presenten a las elecciones. En una segunda fase y antes del 20D, se activara la presión hacia quienes no asuman las Exigencias PAH. Hasta la fecha nos hemos reunido con PSOE, Podemos y Ciudadanos. A continuación detallamos el resultado de las reuniones.

El PSOE se presenta a la reunión sin haber hecho los deberes. No nos concretan en qué sentido pretenden legislar. Si bien es cierto que se excusan porque están discutiendo y elaborando el programa, nos hablan de algunos puntos que les planteamos, pero sin sin especificar. En cuanto a los mecanismos de segunda oportunidad, plantean la inmediata paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha para revisar y eliminar cláusulas abusivas, reestructurar la deuda a través de quitas y la dación en pago retroactiva, pero sin liberar a los avalistas, que tendrán que seguir sufriendo el proceso de pérdida de su casa. En cuanto al realojo, el PSOE plantea que debe ser la Administración Pública quien lo asuma, y no las entidades financieras o los grandes tenedores de vivienda, es decir, seguiríamos como hasta ahora. En cuanto a los alquileres, se muestran abiertos a ampliar a 5 años, pero no concretan más. Cuando les planteamos la opción de movilizar vivienda vacía a través de la cesión obligatoria o el alquiler social obligatorio para los grandes tenedores de vivienda y entidades financieras, nos responden que solo contemplan responsabilizar a los bancos que hayan sido rescatados, pero no a actores como Blackstone, que en la práctica ya se está quedando con buena parte de la cartera inmobiliaria de las antiguas cajas. Por otro lado, plantean que todos los pisos de la SAREB se gestionarán como alquiler social, menos el 15% que creen que es el que se debe dedicar a hacer negocio. Siguen apostando por el Fondo Social de Viviendas. Para finalizar, con la reivindicación de garantizar los suministros básicos, no son capaces de concretarnos medidas.

En general el primer contacto con PSOE es decepcionante y alarmante: no concretan medidas para abordar la emergencia habitacional y no vemos un claro planteamiento en el cual cambiemos la lógica de los últimos años de transferir recursos públicos a entidades financieras o suministradoras. Les volvemos a interpelar públicamente para que una vez hayan trabajado con más profundidad las demandas que les hacemos, nos concreten medidas y si apuestan por una línea de continuidad con las medidas del PP o por un rescate ciudadano.

Podemos nos detalla una batería de medidas concretas, que van en línea a nuestras demandas para abordar cada uno de los puntos que planteamos en Exigencias PAH. Plantean mecanismos de segunda oportunidad, con retroactividad, incluyendo a los avales, así como la eliminación de las cláusulas abusivas. En cuanto al alquiler, nos exponen el compromiso de ampliar la duración de los contratos de alquiler a un mínimo de 5 años y dicen estar estudiando cómo reformular la Ley de Arrendamientos Urbanos para dar más seguridad a los inquilinos, además de fomentar fórmulas de tenencia alternativas, como las cooperativas de vivienda. Por otro lado, legislarán para paralizar los desahucios de primera y única vivienda, y en la misma línea responsabilizarán a entidades financieras y grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales cuando vayan a ejecutar un desahucio. Y obligarán a la Administración Pública al realojo en todos los casos. Estas medidas irán acompañadas de la movilización de la vivienda vacía a través de impuestos, sanciones y cesión obligatoria, destinando también toda la vivienda de la SAREB a alquiler social. Un factor a resaltar también es la despenalización del uso de viviendas vacías y en desuso/abandonada. En el planteamiento de Exigencias PAH entra que el derecho a la vivienda no solo es tener un techo, sino poder disfrutar del acceso a suministros básicos. Podemos plantea evitar cortes a través del principio de precaución, la tarifa social y dicen estar estudiando cómo responsabilizar a las suministradoras a la hora de asumir el coste de aquellas familias que no pueden asumir el pago total de suministros.

En general, en este primer contacto con Podemos, las medidas que plantean vienen a dar respuesta a las demandas que desde la PAH les hacemos. Si bien es cierto que falta concretar tempos y que hagan este compromiso público, la primera valoración es positiva. Ahora bien, debe de quedar claro que ésta valoración no es un aval ni a Podemos, ni a ningún otro partido. Lo que pretendemos es forzar la inclusión de nuestras demandas en los programas de los partidos políticos y señalizar a los que no se comprometan con abordar la emergencia habitacional y sigan apostando por la violación de Derechos Humanos.

La última reunión que hemos mantenido hasta el momento ha sido con Ciudadanos. Para nuestra sorpresa, envían a un diputado catalán de Ciudadanos que no se había ni mirado el documento de Exigencias PAH. Después de la experiencia con la ILP Catalana vamos con pies de plomo, pues en Cataluña nos dijeron en todo momento que darían apoyo íntegro a las demandas, y luego el mismo Albert Rivera se abstuvo poniendo en riesgo dos puntos vitales de la ley (medidas de segunda oportunidad para el sobreendeudamiento y movilización de vivienda vacía de la banca), que finalmente se aprobó porque el resto de partidos menos el PP, votaron a favor. No concretan ninguna medida, pero sí que nos exponen líneas generales de por dónde van a tirar. Cuando les planteamos la dación en pago retroactiva, la respuesta es negativa, no se plantean la retroactividad de la medida. Nos extraña que se alineen con el PP en este punto, es decir, dejando a más de 600.000 hogares condenados a una deuda de por vida, a la economía sumergida y la exclusión social. El otro punto sobre el que nos muestran un posicionamiento claro es el de ampliar el parque público de viviendas a través de la compra de viviendas a los bancos. Es decir, siguen la línea del PP de transferir recursos públicos a las entidades financieras, a las que tampoco se plantean hacerles que asuman responsabilidades a la hora de ejecutar desahucios, obligándolas a hacer alquiler social, vuelven a plantear que todo el peso recaiga sobre el erario público, dinero de todos.

En general, el primer contacto con Ciudadanos nos alarma, pues no plantea políticas diferentes a las llevadas a cabo en los últimos años por el PP, muestra poca predisposición y ninguna medida concreta para abordar la emergencia habitacional.

Como era de esperar el Partido Popular ni ha respondido a la petición de reunión de las más de 200 PAHs de todo el estado. Los políticos del PP han mostrado sistemáticamente que solo responden a las llamadas de la banca y las suministradoras. En los próximos días nos reuniremos también con Izquierda Unida. Después del encuentro haremos pública una valoración, como se ha hecho con los otros partidos.

Haz que las primeras respuestas de los partidos que se presentan a las elecciones del 20D lleguen a todo el mundo. Colabora con las Exigencias PAH!

No estamos dispuestas a permitir que el próximo Congreso siga dando la espalda al derecho a la vivienda! Sr Candidat@ a presidente del Gobierno: o te comprometes con #ExigenciasPah o la gente no te votará!

Sí Se Puede!
#ExigenciasPAH

Vía La Pah

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El derecho a la vivienda entra en campaña. La PAH exige vivienda digna.

El martes 8 de septiembre hemos presentado nuestra nueva campaña, Exigencias PAH, con la que pretendemos que los partidos politicos que se presentan a las elecciones generales del 20 de diciembre se comprometan con un listado de medidas “de mínimos” para garantizar el derecho a la vivienda y poner fin a los desahucios y la pobreza energética, forzando la inclusión de nuestras demandas en los programas electorales de los partidos políticos y a buscar el compromiso de cumplimiento de éstos puntos.

Para ello queremos que , una vez leído el documento, los partidos respondan en un mes con un posicionamiento claro acerca de las medidas que van incluidos en él. Es fácil para los candidatos ponerse la camiseta verde de StopDesahucios en los mítines, pero lo que necesitamos a estas alturas son compromisos claros acerca de qué se va a hacer con las viviendas vacías de los bancos, o sobre cómo se va a calcular y poner en marcha el alquiler social. Lo que exigimos son medidas de mínimos, que buscan garantizar de forma real y efectiva el derecho a la vivienda, y que deben formar parte urgentemente tanto de los programas electorales como incorporarse a la legislación vigente:

1. Dación en pago retroactiva.
2. Alquiler estable y asequible (Reforma de la Ley de alquileres).
3. Vivienda accesible (Movilizacion de vivienda vacia y alquiler social).
4. Suministros básicos garantizados.
5. Creación de un observatorio de la vivienda.

Nuestra intención es que, una vez conocida la posición de las diferentes candidaturas a la presidencia del Gobierno, se puedan producir reuniones públicas con las personas designadas por estos partidos para discutir las posibles diferencias. El precedente de la aprobación en el parlamento catalán de la Iniciativa Legislativa Popular por la vivienda y contra la pobreza energética demuestra que los cambios legislativos se pueden llevar a cabo, que se puede hacer en poco tiempo y que la ciudadanía tenemos la iniciativa y soluciones para abordar la emergencia.

Queremos también que los ayuntamientos se pronuincien y posiciones respecto a nuestras medidas, planteandomociones municipales, ya que incluso los ayuntamientos mas abiertos al cambio nos están diciendo que en muchos aspectos tienen las manos atadas y que sólo el Gobierno del Estado puede poner en marcha estas medidas de mínimos por lo que este es el momento para demostrar que apoyan el derecho a una vivienda digna.

Para nosotras, Exigencias PAH es una herramienta para participar activamente, para que el gobierno mande obedeciendo, y que el derecho a la vivienda se convierta en un compromiso efectivo entre las autoridades, los partidos políticos y la ciudadanía. Pero no es ni será nunca un aval electoral, y que desde su nacimiento la PAH siempre ha sido y será apartidista.



Vía: la PAH.

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Aprobada por unanimidad la ILP contra los desahucios y la pobreza energetica en Cataluña

El Parlament de Catalunya ha aprobado por unanimidad la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética.

Se trata de una gran victoria colectiva después de años de lucha por el derecho a la vivienda que permitirá poner en marcha mecanismos para acabar con los desahucios y cortes de suministro indiscriminados, a la vez que movilizar vivienda vacía para alquiler social.

El jueves el Parlament de Catalunya, en una sesión histórica ha aprobado la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y la pobreza energética, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC. Esta ILP se ha tramitado en un tiempo récord y ha conseguido sumar el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP que se ha abstenido en algunos de los puntos.

El debate de aprobación ha venido precedido por la intervención de dos de los portavoces de la Iniciativa Legislativa Popular. En una intervención emotiva y contundente han resumido el recorrido de lucha que ha permitido llegar hasta el día de hoy: “hemos conquistado nuestros derechos, hemos desobedecido leyes injustas y hoy estamos aquí para cambiarlas”. Las portavoces, se han dirigido a los diputados exigiendo que la altura de miras del Parlamento que hoy ha aprobado la ILP se mantenga y que haya un despliegue urgente de todas las medidas de la ILP y que se los dote de recursos suficientes para que puedan ser efectivas.

La ILP aprobada en el Parlamento es un conjunto de medidas que pretenden dar respuesta a la actual situación de emergencia habitacional y pobreza energética que sufre Catalunya.

Dada la emergencia de la situación y la tardanza en legislar para parar esta sangría, esta ILP se ha tramitado con urgencia extraordinaria, es decir que, en 15 días hemos sido capaces de hacer todos los trámites para que hoy la votación haya sido posible. Hay que destacar que todos los grupos parlamentarios han mantenido sus compromisos tanto en tempos cómo en contenido.

En los próximos días explicaremos a fondo qué efectos tendrá esta nueva herramienta legal de la que dispondremos a partir de ahora en Catalunya para hacer frente a la emergencia habitacional pero hoy ya hay que destacar un articulado final que respeta de forma íntegra los objetivos y efectos que buscaba el redactado original, que ha sido concretado, adaptado o incluso mejorado, para poner por fin sobre la mesa las tan necesarias herramientas de la finalmente bautizada como “Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”. Además, el articulado aprobado presenta una solidez jurídica impecable, hecho que ha sido posible gracias al trabajo jurídico hecho desde el grupo promotor pero también gracias a las aportaciones de los servicios jurídicos del Parlamento y de las aportaciones de los grupos parlamentarios.

La ley aprobada hoy por el Parlamento de Catalunya no es ni mucho menos una declaración de intenciones legales sino una batería de herramientas útiles y efectivas para frenar la emergencia habitacional en Catalunya:

Medida 1. Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad por las personas sobre-endeudadas y deudoras de buena fe. Mediante dos procedimientos (uno de extrajudicial y uno de judicial) se posibilita que las familias puedan liquidar sus deudas vinculadas con la vivienda habitual para poder empezar de nuevo.

Medida 2. Ningún desahucio para las familias en ejecución hipotecaria, estableciendo la obligación en las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad residencial.

Medida 3. Alquiler social para familias en régimen de alquiler en riesgo de desahucio, con una importante distinción entre grandes y pequeños tenedores de vivienda. Cuando el propietario del inmueble sea una entidad financiera o un gran tenedor de viviendas, este tendrá que parar el desahucio y ofrecer un alquiler social a la familia.

Tanto en casos de lanzamientos hipotecarios como en los de alquiler de grandes tenedores, principalmente bancos, fondos de inversión o grandes tenedores que han comprado viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y desahucios; el incumplimiento de la oferta de alquiler social comportara una sanción económica grave (hasta 90.000 euros) que se ha incluido en el articulado de la ley 1/2007 catalana del derecho a la vivienda.

Medida 4. Creación de parque social de alquiler. Se establece la posibilidad de resolver la cesión temporal de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras y grandes tenedores de vivienda para aumentar el parque público de alquiler disponible. De este modo, se añade una herramienta importante más para movilizar el parque de viviendas vacías que con el tiempo permitirá realojar todas aquellas familias que ya han sido desahuciadas sin alternativa.

Medida 5. Acceso garantizado a suministros básicos de agua, luz y gas con garantías para parar los cortes de agua, gas y luz de la población en situación de exclusión residencial a través de un protocolo garantista que obliga a la administración a aplicar las ayudas necesarias para evitar el corte de suministro, en caso de que el impago sea por carencia de recursos económicos, a asegurar el acceso a estos suministros básicos mientras dure la situación de exclusión residencial y a establecer acuerdos con las empresas suministradoras para que pongan ayudas a fondo perdido para hacer frente.

En definitiva, con esta ley se aportan por fin los mecanismos para terminar con las deudas de por vida, los desahucios de hipoteca y alquiler, garantizando el realojo en régimen de alquiler social y los suministros básicos a todos los hogares, a la vez que se movilizarán los pisos vacíos para que cumplan su función social.

La ILP es una ley de emergencia muy necesaria y un punto de partida, un importante precedente a la vez hablar de derechos al servicios básicos para ir hacia un modelo más justo de acceso a vivienda y servicios.

El aprobación de la ILP vivienda tan sólo ha sido posible gracias al trabajo incansable de muchísimos afectados, voluntarias, activistas, entidades y colectivos que han apoyado. Las entidades promotoras de la ILP no queremos esconder nuestra satisfacción por este éxito, que culmina más de seis años de lucha por el derecho a la vivienda digna. No nos podemos olvidar de las compañeras de todo el estado que también han sido responsables de llegar hasta aquí hoy. Esta ILP no tiene voluntad sólo de quedarse en el Parlament de Catalunya, sino que tiene que generar un efecto dominó en el resto de Parlamentos Autonómicos que tienen que dar respuesta ante un estado incapaz y secuestrado por el poder bancario y de las suministradoras.

El 23 de Julio de 2015 pasará a la historia como el día en el que la ciudadanía, harta de la violación de derechos humanos y de la injusticia, después de un largo camino de denuncia y autodefensa de los derechos fundamentales, lleva la auto-tutela de derechos hasta la redacción de una ley que los ampara y los pone por ante los beneficios de pocos.

Uno de los sueños de la PAH cuando nació al 2009, precisamente en Barcelona, era cambiar las leyes injustas y tener de justas para proteger los derechos fundamentales.

Hemos hecho realidad este anhelo. Seguimos adelante, porqué se ha dado un paso importantísimo para conseguir el derecho a la vivienda pero todavía nos queda mucho para andar.

Hoa sido un día histórico porque demostramos como el sentido común de la calle puede entrar a los Parlamentos de la mano de la ciudadanía organizada para hacer leyes que transformen las realidades injustas y que defiendan los derechos fundamentales de las personas.

Vía: La Pah

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Bruselas aclara que el plazo para recurrir cláusulas abusivas es contrario al derecho comunitario

El TJUE vuelve a dejar en evidencia la  parcheada legislación hipotecaria de nuestro país  que necesita de una reforma integral

Nuevo varapalo a la legislación hipotecaria española por parte del Tribunal Europeo de Justicia. Si en octubre eran los intereses de demora los que se cuestionaban tras una cuestión prejudicial planteaba ante el TJUE, en esta ocasión es Disposición Transitoria 4 de la Ley 1,/2013, normativa que se aprobó en nuestro país para proteger a los consumidores españoles, y que establece el plazo de un mes sin notificación para recurrir es contraria al derecho comunitario. Fuentes consultadas por esta publicación resaltan que nuestro país es de los que más tarde adaptan las directivas comunitarias relacionadas con la protección del consumidor y que no sería de extrañar que a medio plazo pudiera establecerse un procedimiento de sanción contra el Reino de España por este tipo de incumplimientos.

Al hilo del caso que se juzgaba en Luxemburgo de una pareja de Martorell que recurrió un día después del plazo establecido unas cláusulas abusivas de su hipoteca en Unim-BBVA. Para la Comisión es claro que no hay plazo para recurrir cláusulas abusivas. Por supuesto, tanto los abogados del Estado español como los defensores de la entidad financiera, Pérez-Llorca, alegaron la necesidad de la existencia de plazo “por seguridad jurídica”.

“Fuentes jurídicas nos cuentan que la vista parecía más un juicio de la Comisión contra España que del consumidor contra el banco”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en la defensa del consumidor de producto financiero y bancario. Desde este despacho de abogados se prevé una avalancha de reclamaciones si finalmente Luxemburgo confirma la tesis de la Comisión. “Va a ser un Aziz 2 pero mucho más relevante desde el punto de vista práctico porque la mayoría se quedaron sin poder recurrir por lo reducido del plazo”, concluye Navas.

Eugenio Ribon, abogado experto en consumo y responsable de esta sección en el ICAM: “Es evidente que el sistema hipotecario español no garantiza la defensa de los intereses de sus usuarios. El parcheo legislativo que se hace, lejos de arreglar el problema de fondo refuerza la postura del ejecutante frente al ejecutado”, apunta. Nos recuerda que nuestro país es el primer Estado incumplidor en directivas relacionadas con consumidores “se han traspuesto con demora las últimas fuera de plazo y no es de extrañar que en el futuro pudiéramos sufrir algún procedimiento sancionador”, indica.

Para este experto jurista es posible que se generen muchas reclamaciones “se ha producido una indefensión manifiesta de los afectados. Al mismo tiempo muchos de esos afectados, ya nada tienen que perder al estar algunos desahuciados”, señala. En el caso que se demostrara esa indefensión la norma tiene efectos retroactivos y se intentaría resarcir a los perjudicados. “A su juicio ha llegado el momento de hacer una reforma seria de nuestra legislación hipotecaria “y aprovechar para desarrollar una norma que regulase el sobreendeudamiento del consumidor, otro tema pendiente en nuestra normativa”.

En el lado de la judicatura, José María Fernández Seijo, magistrado del juzgado mercantil número 3 de Barcelona señala que: “la reforma que se hizo con la 1/2013 era una chapuza, al tener muchas fisuras y estoy seguro que se seguirán planteando cuestiones prejudiciales. Al final lo que se deduce de toda esta situación es que no se hicieron bien las cosas y el consumidor sigue desprotegido en esta materia”, comenta. Recuerda que a nivel de esta materia España y otros países del este son los que tienen más reclamaciones interpuestas. “Deberíamos parecernos a franceses, alemanes u holandeses pero estamos a la cola en este asunto.”

Jurisprudencia vinculante

Los jueces españoles tendrán por tanto que seguir esta jurisprudencia vinculante “es posible que haya que retocar nuestra Ley Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil para estar a la altura de lo que se nos exige en Europa. La propia LEC necesita una reforma integral para proteger a los consumidores”; apunta. Sobre el posible rebote que pudiera generarse con el caso Aziz, asunto que este mismo magistrado llevo indica que “no creo que se genere una avalancha de asuntos sobre esta materia. Con los últimos pronunciamientos del TJUE tampoco ha habido más litigiosidad de la debida”, aclara. Para este jurista la solución está en crear un Código de Tutela del Consumidor procesal y material al hilo de otros países que ya lo desarrollan.

Otro magistrado con experiencia es Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado de primera instancia número dos de Sevilla y autor de alguna otra cuestión prejudicial anterior tenida en cuenta desde el TJUE. “Siempre pensé que esa Disposición transitoria era contraria al derecho comunitario, la directiva 93/13 en su artículo 6 establece que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, es más el juez puede expulsar esas cláusulas, en cualquier parte de procedimiento, del propio contrato”; comenta. Igual podría pasar en segunda instancia. “Este control de oficio colisiona con establecer un plazo perentorio para que se aleguen cláusulas abusivas”, comenta.

Para este jurista, la ley 1/2013 tampoco protege al consumidor pese a ser creada para ese fin concreto: “Desde el año 93 hay una directiva que protege al consumidor, otra cuestión es no haberlo adaptado por parte de nuestro legislador. “Ahora, habrá que ver las consecuencias de esta nueva llamada de atención a nuestro legislador. “Este tipo de Disposiciones quedan inaplicables, el consumidor que presente fuera de ese mes que se señalaba una reclamación por tener una cláusula abusiva en su hipoteca puede perfectamente ejercer ese derecho y el órgano judicial admitir el escrito” indica nuestro interlocutor.

En el caso de aquella persona que haya sido desahuciada es posible que se pueda abrir alguna vía de reclamación: “Si ha perdido el piso y está ya en manos de terceros podría probar que tuvo perjuicios y lograr una indemnización sobre esta cuestión. No hay otra forma de compensarle”, apunta Fernández Seijo. Para Ribon “habría que ver si se puede producir una nulidad de actuaciones y en el caso que haya un adquiriente, tercero de buena fe, se abre una vía de responsabilidad patrimonial del Estado”, apunta. Ruiz de Lara señala que la medida tiene efectos retroactivos “tanto a los que están en trámites y pueden tener cláusulas como aquellos ya ejecutados. Aquí se podría apreciar una posible responsabilidad patrimonial del Estado por no haber adaptado la directiva 93/13. Sería complicado volver para atrás en el procedimiento de ejecución”, comenta.

Vía: http://www.lawyerpress.com/

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Concentración / Valencia clamará no a la vergüenza y sí a la vivienda de los hermanos Gamaza.

Concentración este miércoles 11, a las 19:00 ante el Palau de la Generalitat

Esta vez, el ataque despiadado va contra tres hermanos, A., C. y J. D., de 21, 17 y 12 años.  Con un grave problema familiar (abandono y privación de libertad de sus padres), han acudido a la PAH en busca del abrazo colectivo frente a la agresión sin límites de este sistema capitalista.

El martes 17 de febrero, el Juzgado les ha comunicado que van a ser expulsados de sus viviendas, a las 13:00 h.

La PAH, que ha dicho NO a las 585.911 ejecuciones hipotecarias y a los 477.861 desahucios globales que se han producido en el estado español desde 2008, AHORA DECIMOS ALGO MÁS: OS PEDIMOS QUE NOS ACOMPAÑÉIS TODAS PARA QUE EL SÍ AL DERECHO A LA VIVIENDA SEAN DE TAL ENVERGADURA QUE NO PUEDAN CON NOSOTRAS¡

Sólo nos faltaba por saber que, además, del desamparo tradicional de las administraciones públicas (el gobierno Rajoy despreció las 1.402.000 firmas de la ILP),  los hermanos Gamaza padecen otro aún mayor e insoportable: LA GENERALITAT TIENE LA TUTELA LEGAL DE LOS MENORES POR RESOLUCIÓN DE 27/01/15 DE LA CONSELLERIA¡ No vamos a consentir que miren para otro lado o que busquen un alternativa para acallar malas conciencias. Los hermanos Gamaza han de quedarse con su vivienda¡
Vamos a luchar contra el atropello y la usura: los prestamistas están consiguiendo quedarse con dos viviendas (una de ellas con garaje) de la familia para saldar los 65.000€¡
Los hermanos y la PAH no vamos a consentir que les quiten la casa donde viven¡

Por eso, PAH Valencia ha enviado una carta urgentísima al Sr. President para que o nos eche una mano de una vez, o dimita.
Y el miércoles os necesitamos para desgarrarnos la voz, pero no consentir otra agresión brutal, esta vez a unos chavales preciosos¡

LEVANTÉMONOS
-Contra este nuevo ataque terrorífico a los derechos humanos¡
-Contra esta nueva agresión a la vida y el corazón de menores¡
-Contra este empeño por romper los derechos constitucionales y la convivencia democrática¡.

CAMBIEMOS
-La pasividad de gobiernos y administraciones, de la Generalitat
-Los valores y las prioridades: por el derecho a la vivienda y el resto de derechos humanos
-el marco jurídico, político y represor por la convivencia democrática

LUCHÉMOS UNIDAS POR LA VIDA Y DIGNIDAD DE LOS HERMANOS GAMAZA¡
Y…LA NUESTRA PROPIA¡     SÍ SE PUEDE¡
TODOS ESTE MIERCOLES, A LAS 19:00 ANTE EL PALAU DE LA GENERALITAT¡

PAH València

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Gustavo compañero de Granada, otra víctima más de este genocidio financiero

En la noche del viernes 25 de julio nuestro compañero del grupo Stop Desahucios del 15M de Granada, Gustavo Arguellas, decidió acabar con su vida.

Gustavo, que estaba casado con Loli y tenía dos hijos de 11 y 3 años, se encontraba en proceso de desahucio con el Banco Mare Nostrum (ex Caja Granada). Stop Desahucios acompañó en repetidas ocasiones a la familia para intentar llegar a un acuerdo, deseaban en este caso la aplicación de la Ley 1/2013 que les permitiera la reestructuración de la deuda por cinco años, pero BMN siempre se negó.

Finalmente el compañero no pudo con la presión.

Gustavo es la última víctima de este genocidio financiero que ya se ha cobrado demasiadas vidas. Hacemos responsable a BMN de esta muerte y esperamos que sus dirigentes sean considerados como lo que son: unos asesinos.

El Banco Mare Nostrum (BMN, formado por Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra), consiguió un beneficio de 23 millones de euros en los primeros tres meses del año. BMN está participado en un 65,03% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras la ayuda pública recibida el año pasado. En total, el Estado ha inyectado casi mil millones de euros robados a los trabajadores. Su Consejo de Administración de 11 personas encabezado por Carlos Egea se repartió una remuneración de 1,1 millones de euros en 2013.

Gustavo, Loli y sus dos hijos no tenían tanto dinero. De hecho, no tenían ni el suficiente para pagar la hipoteca que en su momento firmaron con Caja Granada para poder acceder a una vivienda en su pueblo, Alomartes. Gustavo, trabajador de la construcción, estaba en paro.

La familia intentó durante mucho tiempo llegar a una solución con BMN, pero éste no quería. Hace tres meses se vieron obligados a dejar de pagar las cuotas, y aproximadamente por esas fechas acudieron a Stop Desahucios, en su Asamblea de Maracena. Con el asesoramiento necesario, presentaron los documentos necesarios para que el banco accediera a firmar una carencia durante cinco años, según establece el real decreto 6/2012 y la ley 1/2013, que son insuficientes, pero una mínima solución.

Hace sólo diez días recibió la carta de respuesta del banco: no aceptaban. El pasado jueves Gustavo volvió a la sucursal de BMN en su pueblo. La respuesta: “No hay solución”.

Siempre hay solución, y en este caso la hubiéramos conseguido como en otros cientos. Pero Gustavo no pudo soportar más el agobio y la presión que tenía en su espalda en forma de deuda de cerca de 120.000 euros y amenaza de desahucio.

Para la PAH de Valencia esta muerte no es un accidente, ni una decisión individual.

Es un crimen, un homicidio. Y como todos los crímenes tiene responsables: El principal es BMN que, como el resto de los bancos, tras lucrarse durante años de los magros ingresos de los trabajadores y trabajadoras, sigue poniendo miles de impedimentos para que todas esas familias humildes puedan mantener sus casas.

Pero también, y mucha, hay responsabilidades políticas, de los gobiernos que han mantenido y aprobado las criminales leyes hipotecarias y, especialmente el Gobierno español actual por negarse a aprobar la ILP presentada por la PAH, que demandaba cuestiones de mínimos como la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social. También por engañar a la población publicando unas normas restrictivas, que no resuelven los problemas, que son apaños que benefician a la gran banca, y que día tras día son condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

También las comunidades autónomas tienen una grave responsabilidad porque ante la situación actual llevamos años exigiendo cobertura real para la actual emergencia habitacional, comprometiéndose de una vez a evitar todos los desahucios en nuestra comunidad autónoma, cambiar de manera radical la ley valenciana de la Vivienda y asumir el uso social de la vivienda frente a los 3 millones y medio de viviendas vacías (INE), de ellas 505.029 están en la Comunidad Valenciana, y unas 116.000, más de una cuarta parte estarían en manos de bancos y grandes entidades financieras.

Gustavo y su familia son el último eslabón de un proceso superagresivo que desde el 2007 ha ocasionado en todo el Estado 550.000 ejecuciones hipotecarias (más de 91.000 en el País Valencià), 387.000 familias desahuciadas (no menos de 69.800 en el País Valencià) , con un sufrimiento indecible en dónde hemos perdido a decenas de personas que se ha ido quitando la vida. No estamos dispuestos a perder más vidas.

No más muertes! Vamos a cambiar este sistema criminal!

Gustavo vives en nosotras! Sí se puede¡

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Sentencia del TJUE quiebra la Ley del PP sobre desahucios

La ley del PP viola los derechos humanos, así lo establece la sentencia del TJUE del 17 de julio.

El pasado mayo de 2013, el Partido Popular aprobó en solitario la ley 1/2013, rechazando las medidas propuestas por la Inicitiva Legislativa Popular de la PAH, que llegaba al Congreso con un millón y medio de firmas después de 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el inicio de la crisis. La aprobación de la ley 1/2013 demostró un desprecio por la democracia por parte del Partido Popular, así como un desprecio por el sufrimiento de las miles de familias víctimas de la estafa hipotecaria.

Un año después, el TJUE dicta una nueva sentencia que pone de nuevo en evidencia al gobierno español. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y situa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, al gobierno del PP a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La sentencia reconoce la vivienda como un bien de consumo de necesidad básica. Tal y como viene reclamando desde hace años la ciudadanía, que ha sido la primera en denunciar la vulneración sistemática de derechos humanos que supone la anómala legislación española. Es la ciudadanía la que está ofreciendo soluciones mientras las administraciones no sólo no están a la altura de las circunstancias, sino que legislan para beneficiar a los responsables de esta situación, tal y como demuestra la sentencia del TJUE.

La sentencia limita el derecho a la defensa de los deudores al impedirles recurrir en segunda instancia permitiendo que los bancos si lo hagan en una escandalosa desigualdad de las partes en el procedimiento. La ley española protege al fuerte y castiga al débil violando los principios más básicos del derecho a un juicio justo.

La Sentencia del TJUE coincide con el motivo 5º del Recurso de inconstitucionalidad redactado por la PAH contra la Ley 1/2013 que denunciaba la violación de los articulos 14 y 24 de la Constitución española de 1978. Hasta la fecha el TC no realizado manifestación alguna al respecto de la necesidad de proteger a los deudores hipotecarios frente a Ley que hoy es declarada contraria al derecho comunitario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sala Primera) ha dictado Sentencia en el asunto C-169/14, Sánchez Morcillo/Abril García vs BBVA, a raíz de unas Cuestiones Prejudiciales planteadas por la Audiencia Provincial de Castellón mediante Auto de fecha 02 de abril de 2014 afirmando que la Ley 1/2013 vulnera en el derecho a la tutela judicial efectiva el artículo 47 Carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 93/13 en materia de Consumidores y el no suspender el procedimiento hipotecario en caso de demanda ante el juzgado de lo mercantil es contrario al derecho comunitario.

La legislación anterior que regulaba las ejecuciones hipotecarias fue declarada ilegal por la Sentencia AZIZ dictada tambien por el TJUE. La Ley 1/2013 fue dictada en contra de la ILP de la PAH que reunió un millon y medio de firmas manteniendo las deudas perpetuas, los desahucios y un procedimiento sin garantias. Esta ley no solo no ha solucionada el problema sino que además ahora ha generado un nuevo caos procesal.

De nuevo, el gobierno del Partido Popular ha quedado en ridículo, ha quedado retratada su voluntad de favorecer los privilegios de la banca frente a los derechos fundamentales de las personas.

Tras este nuevo varapalo, el gobierno del Partido Popular queda retratado de nuevo. Desde la PAH exigimos la aprobación de las medidas de la ILP: moratoria de desahucios, dación en pago retroactiva y alquiler social para paliar una situación de emergencia habitacional provocada por las entidades financieras en connivencia con gobiernos de todos los colores.

Sí se Puede

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¡Escándalo! los datos del CGPJ muestran cómo la ley criminal del PP perpetua la emergencia habitacional

La ley criminal del PP perpetua la emergencia habitacional. La PAH exige la aplicación urgente de las tres medidas de mínimos de la ILP

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios del primer trimestre de 2014 suponen una nueva evidencia de la situación de emergencia habitacional que estamos sufriendo y de la inutilidad de las medidas aprobadas por el PP para resolver esta situación. Las casi 550.000 ejecuciones hipotecaria iniciadas desde 2007 hasta hoy son el reflejo de una ley hipotecaria injusta y caduca que sobreprotege a las entidades financieras las cual, con la connivencia de los sucesivos gobiernos de PPSOE, permite que éstas sigan manteniendo sus privilegios a costa de empobrecer a la ciudadanía.

En los tres primeros meses de 2014 se han iniciado 24.226 ejecuciones hipotecarias, esto supone casi 3.000 ejecuciones hipotecarias más que en el mismo período del 2013. En el caso de los desahucios, las cifras son igual de escandalosas: 18.492 desahucios en el primer trimestre de 2014, un ínfimo 5% menos respecto a los tres primeros meses de 2013. Sin embargo, si miramos las cifras en detalle, se puede apreciar como los desahucios hipotecarios se incrementan en un 6% respecto al mismo periodo del 2013, mientras que los de alquiler disminuyen un 11%. Una vez más, Cataluña ocupa el vergonzoso primer lugar en número de desahucios , seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana.

El drama de los desahucios es la cara más inhumana de la crisis, y sin embargo, aun a día de hoy los datos oficiales sobre desahucios siguen siendo pésimos, insuficientes e inexactos. Teniendo en cuenta la gravedad de la problemática y la alarma social generada, lo mínimo que debería garantizar un estado de derecho son unos datos fiables. Sin embargo, a día de hoy, la estadística del CGPJ sólo puede informar a nivel cuantitativo. La pésima calidad de los datos se evidencia en el hecho de que los datos de ejecuciones y desahucios no coinciden en número, porque muchas familias, al verse en un callejón sin salida, “se autodesahucian”, por lo que no es necesario tramitar una orden judicial de lanzamiento. De esta manera miles de desahucios se producen sin que consten en las cifras oficiales.

A pesar de la mala calidad de los datos, estos demuestran que, tal como viene denunciando la PAH, la Ley 1/2013 aprobada por el Partido Popular, mal llamada de “medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”, no tenía ninguna intención de solucionar el problema de las personas afectadas por la estafa hipotecaria. Los criterios claramente restrictivos de la ley dejan fuera a la inmensa mayoría de la gente afectada y principalmente tenía como prioridad que se firmaran refinanciaciones a toda costa. El objetivo de la ley 1/2013 no era otro que, por un lado, continuar protegiendo los intereses de la banca, y por otro, realizar un lavado de cara al PP justo después de haber sido el único partido del arco parlamentario que votó en contra de la ILP de la PAH con 1.5 millones de firmas y el apoyo de una amplia mayoría ciudadana. Recordamos que estamos hablando de familias a las que se les priva de un derecho fundamental como es la vivienda. Familias a las que se las condena al sufrimiento y a la muerte civil por quedar endeudadas de por vida

Desde la PAH seguiremos denunciando la connivencia entre PP y entidades financieras, dos caras de un mismo Gobierno que vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda. Los escraches de la PAH durante la campaña de las elecciones europeas han sido un ejemplo de que no vamos a dejar que nunca mas se gobierne de espaldas a las necesidades de la gente. Que tomen buena nota. Ha comenzado un ciclo electoral que culminará en las elecciones generales de 2015 y cualquier partido que aspire a gobernar va a tener que demostrar si está con la gente y por el derecho a la vivienda o con los bancos y su negocio.

Desde la PAH exigimos la aprobación de la ILP y sus tres medidas de mínimos: dación en pago retroactiva, paralización de los desahucios y creación de un parque de alquiler social, con los edificios vacíos que están en manos de la banca y de la SAREB, a día de hoy inexistente, porque se prioriza la funcion lucrativa y especulativa del parque de viviendas.

Resumen de los datos

Ejecuciones hipotecarias

1er trimestre 2013:  21.272
4º trimestre 2013:     24.076
1er trimestre 2014:  24.226

Ejecuciones hipotecarias desde 2007: 547.966

Lanzamientos:

1er trimestre 2013:  19.468
Hipoteca:    7.300
Alquiler:     11.238

4º trimestre 2013: 17.205
Hipoteca:    7.215
Alquiler:        9.229

1er trimestre 2014: 18.492
Hipoteca:    7.718
Alquiler:      9.948

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Ordenan la primera devolución de vivienda ejecutada después de la sentencia del caso Aziz

Esta nueva Sentencia, que confirma los postulados de la PAH, abre la puerta para la recuperación de miles de viviendas por todas las personas que han sufrido desahucios por medio de prácticas bancarias abusivas y procedimientos judiciales ilegales.

El 5 de mayo de 2014, el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona ha declarado nulo un procedimiento de ejecución hipotecaria por haberse realizado al amparo de cláusulas abusivas y ha ordenado a BANKIA la devolución de la vivienda a M.A.G.C. , siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso AZIZ, de 14 de marzo de 2013 (sentencia aquí).

Los fundamentos principales de esta decisión judicial son que aquel procedimiento de ejecución hipotecaria no permitió que el juez de primera instancia de Gavà valorase las claúsulas abusivas que se han apreciado que efectivamente existían en aquella hipoteca.

En este caso se han considerado abusivas la claúsula de vencimiento anticipado y los intereses de demora.

El Fallo declara nulo el Procedimiento de Ejecución Hipotecaria 811/2011E del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Gavà, en el marco de cual se realizó la subasata de la vivienda, la adjudicación al BANKIA y el ulterior desalojo (entrega de llaves), al tener dicha ejecución como fundamento ESENCIAL, PRIMORDIAL una cláusulas que se debieron considerar nulas.

Al haberse ejecutado la hipoteca bajo la legislación anterior sin respetar el derecho de defensa, la entidad financiera debe devolver la vivienda a sus propietarios y reponer todo el procedimiento al momento anterior a la demanda.

Recordamos que la sentencia del TJUE del caso AZIZ del marzo del año pasado declaró ilegal el procedimiento de ejecución hipotecaria español, por no respetar los derechos de los consumidores, en concreto por vulnerar la Directiva 93/13 sobre protección a consumidores.

La sentencia europea, junto con la enorme movilización impulsada desde la PAH (Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, paralización de desahucios y alquiler social) forzaron al Gobierno a aprobar la Ley 1/2013 sobre protección de deudores hipotecarios.

Sin embargo, desde la PAH ya alertamos de que la Ley apenas daba respuesta al panorama de emergencia habitacional de nuestro país, y además dejaba fuera de protección a centenares de miles de ejecuciones tramitadas bajo la antigua ley declarada ilegal por el tribunal de Luxemburgo.

La Ley 1/2013 ha resultado un absoluto fracaso porque no garantiza el derecho al debido proceso de los deudores hipotecarios, incumple las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos (prohibición de Desalojos Forzosos), y deja en desamparo centenares de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria realizados bajo la legislación anterior. Los recientes datos del Consejo General del Poder Judicial confirman que las ejecuciones hipotecaria no sólo no descienden, sino que han aumentado un 14% en el primer trimestre de 2014.

Los sucesivos gobiernos, desde la promulgación de laDirectiva europea del año 1993 sobre protección a consumidores, han legislado más en defensa de los intereses de las entidades financieras que en cumplimiento de su deber de protección a los ciudadanos, y por lo tanto, su tolerancia – cuándo no complicidad – con los desahucios ilegales, queda ahora en evidencia.

Desde la PAH exigimos la paralización inmediata de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y denunciamos otra vez que las ejecuciones hipotecarias masivas son una violación sistemática de derechos humanos, por la que habrá que pedir responsabilidades a entidades financieras y poderes públicos implicados.

En las próximas semanas anunciaremos iniciativas desde la PAH para extender los efectos de esta sentencia a todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios cometidos con violación de los derechos de las personas afectadas.

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La PAH Valencia exige condiciones dignas para las abogadas y abogados del turno de oficio y justicia gratuita, y apoya su acción del próximo día 4 de junio.

LOGO casa+crespónLa PAH de Valencia apoya la acción de lucha que las abogadas y abogados del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita han convocado para este jueves, día 4 de junio de 2014, a las 12,00 h. en la Ciudad de la Justicia.

 En su momento lamentamos que la Consellería de Justicia y Bienestar Social publicara la Orden 2/2012, por la que se reducen las retribuciones de los abogados de oficio, contrario al interés público. No se puede justificar de ninguna manera que en la Comunidad Valenciana se pague menos por el mismo trabajo que en otras Comunidades, y es insoportable que encima se page tarde, como los atrasos que en este momento se les debe.

Por otra parte, una mejora necesaria de las actuales condiciones laborales de quienes ejercen la procuraduría y la abogacía del turno de oficio es el reconocimiento y pago real de todas y cada una de las gestiones que se están realizando: todos y cada uno de lo incidentes que surgen dentro del procedimiento (como por ejemplo, revisar liquidación de intereses, tasación de costas, oposición a la adjudicación, oposición al desalojo, solicitud del RD 27/12 según la Ley 1/2013,…). Si la Generalitat quiere superar la actual discriminación además de pagar más y a tiempo, ha de modificar los baremos.

La PAH conoce el papel esencial que los abogados y abogadas del turno de oficio y justicia gratuita tienen en los procedimientos de ejecución hipotecaria . Es insustituible. Y así como les pide su mayor dedicación y calidad para defender los intereses de las personas que pueden perder su vivienda, con el mismo ahínco y firmeza está a su lado y defiende codo con codo su lucha, hoy y cuando haga falta.

Por ello, la PAH asume como propias sus reivindicaciones y exige a las administraciones públicas que asuma su responsabilidad de conseguir un servicio público de la mayor calidad.

SI Se Puede¡¡

 

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