Sr. Rajoy:
Ahora toca que su gobierno piense en nosotros y en nuestras propuestas, no en los que especulan con el dinero y con las viviendas.
Centenares de miles de familias no hemos podido hacer frente a las altas cuotas hipotecarias, debido al abusivo precio de las casas –creado por quienes se han enriquecido con la burbuja inmobiliaria, a los efectos de la llamada crisis económica que nos ha sumido en el paro o en salarios de miseria.
Las administraciones han consentido que la vivienda, un derecho humano y constitucional, se haya convertido en una mercancía especulativa cuyo principal objetivo se ha centrado en la obtención de grandes beneficios para constructoras, entidades financieras y ayuntamientos con la venta y recalificaciónes del suelo. No se ha preocupado por parar las más de 550.000 ejecuciones hipotecarias, ni los desahucios de decenas de miles de familias, algunas con deudas que los condenan a la exclusión social de por vida. Tampoco ha querido oir el clamor popular de las más de 1.400.000 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular. Se han dedicado a criminalizar a la Plataforma Afectados por la Hipoteca y hacer algunas modificaciones cosméticas que ni han resuelto el problema hipotecario, ni han resuelto el terrible drama de emergencia habitacional.
Pues bien, venimos a decirle que no vamos a consentir que se eche de sus casas ni a una familia más. Nosotros les acusamos: Uds no cumplen la Constitución, ni respetan los Tratados Universales sobre Derechos Humanos, ni las recomendaciones y sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como la de 14 de marzo de 2013, que considera incompatible el régimen español de ejecuciones hipotecarias y desahucios con el Derecho de la Unión Europea relativo a protección de consumidores (en ellas se insisten en que no hay mayor agresión al derecho a la vivienda que el desalojo forzoso, y más de aquellos colectivos especialmente sensibles como infantes, personas mayores o enfermos). Tampoco piensan liberar el sufrimiento de quienes se han quedado con una deuda de por vida, ni mucho menos tienen un plan serio para garantizar el derecho a la vivienda.
Nos parece vergonzoso que Vds. rescaten a quienes han creado la burbuja nos parece una infamia que regalen nuestras viviendas a los fondos buitres, nos parece una indignidad que nos arranquen la salud, por ello solicitamos una comparecencia de Vd. comprometiéndose a un cambio radical y urgente de sus políticas o que abandonen ya el gobierno.
Por todo ello las Plataformas de Afectados por la Hipoteca de todo el estado vamos a volver a salir a la calle, CON EL OBJETIVO DE MOVILIZAR A LOS CIUDADANOS EN TORNO A
I.- NI UN DESAHUCIO MÁS. Se debe de determinar que no procederá lanzamiento y, por tanto, las familias podrán vivir en sus viviendas mientras no haya una alternativa habitacional digna y sin más restricciones que ser su vivienda habitual y la falta de suficientes recursos económicos: lo que conlleva:
a) por una parte superar el RDL27/2012 y la ley 1/2013 que establece una moratoria de los desahucios por dos años, y que está apunto de finalizar para miles de familias, y
b) por otra ampliar los contratos de alquiler que se han firmado con todas las entidades financieras, obligándoles a consensuar la prórroga del mismo.
Bajo ningún concepto vamos a aceptar una normativa con una interminable lista de requisitos que dejan fuera a una mayoría de ciudadano, como por ejemplo:
– Rosa que tiene 69 años, un 72% de minusvalía, abandonada de por su marido, con un hijo enfermo y unos ingresos de 370 mensuales: el juez no le concede la permanencia en la vivienda ya adjudicada al Banco Primus porque solicitó el crédito para la reforma de su vivenda habitual.
-No pueden vivir en su casa Paco con su esposa y dos hijos porque solicitó el crédito para un negocio ruinoso, careciendo el pequeño propietario de toda protección al respecto.
-Deben ser expulsados de su cada Fernando y Mª Jesús, y por tanto no se aplica actualmente la norma, por las razón de que son fiadores, avalistas de su hijo (tienen 65 y 62 años, cobran entre los dos 640€ y el banco ya les ha subastado y arrebatado la propiedad de su vivienda, además de la de su hijo), puesto que ellos no se consideran deudores hipotecarios (aunque sí para quitarles su casas¡)
-se han de ir de su casa y no puede permanecer en ella, Francisco,porque se ha separado y su mujer se quedó con la guarda y custodia de su hijo y, por tanto, él no se considera “unidad familiar”.
-Mª Luisa, deudora hipotecaria, parada con un hijo, que en el trascurso del procedimiento de ejecución hipotecaria, se empadronó en otro pueblo para recibir la ayuda de 400€ que dan a los mayores de 50 años.
II.- La Dación en pago, con efectos retroactivos.Es necesario ofrecer una segunda oportunidad a muchas familias que después de haber sido desahuciadas, siguen siendo deudores hipotecarios. Esta situación lastra su vida y les impide superar una situación de la que la banca y las administraciones son las principales responsables.
III.- Creación de parque público de viviendas para alquiler social (con importe que permita alimentarse y pagar los suministros básicos) con las viviendas vacías de la Sareb, banca y resto de instituciones publicas y religiosas.
IV.-Otros mecanismos que permitan una segunda oportunidad, empezando por la recuperación de las viviendas familiares, tanto de las que aún no está subastadas como las que están en manos de la Sareb y Bancos. Entre otros, se utilizarán medios como laaprobación de importantes quitas, el reconocimiento del derecho a tanteo y retracto de la propia vivienda (antes de regalarlas a los fondos buitre), el establecimiento de ayudas y rescates a las familias provenientes de la banca rescatada y de los fondos ICO. Las deudas de capital se ajustarán a una cuota mensual de cuyo importe máximo sea el equivalente al canon mensual de un alquiler social
d)Total despenalización de cualquier procedimiento por la ocupación de
viviendas y gestión de alquiler público de las ocupaciones efectuadas por la emergencia habitacional.
e) La implantación de medidas de urgencia para garantizar el acceso a los suministros fundamentales, como agua, luz y gas a todas las familias,para garantizar una vida digna a personas y familias.
