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La SAREB es nuestra

Hoy lanzamos una llamada a la acción: la campaña “la Sareb es Nuestra” para destapar una estafa, para denunciar que continua el expolio de la vivienda que debería ser nuestra, de los ciudadanos, pagada con dinero de todas pero utilizada para especular y enriquecer a unos pocos.

Como bien sabemos todas, la burbuja inmobiliaria estalló en 2008. Aunque el gobierno decía que teníamos «el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional», pronto se hicieron visibles las grietas.

Entre 2010 y 2012, el estado español inyectó más de 61 millones de euros de dinero público – de nuestro dinero – para rescatar a la banca. Teníamos 45 cajas de ahorros y 8 bancos antes de la crisis. Ahora, después de fusiones y reestructuraciones, tenemos 2 cajas de ahorros y 15 bancos.

El resultado ha sido una concentración de capital en manos de pocos. El objetivo principal de la nacionalización de varias entidades – Catalunya Caixa, Bankia, Unnim, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia – no ha sido el bien común o el beneficio de los ciudadanos si no el beneficio de la banca.

Por ejemplo, después del rescate vimos cómo BBVA compró a Unnim por un euro en 2011, y La Caixa se quedó con el Banco de Valencia por el mismo precio en 2012. El robo sigue hasta hoy. Con la venta de Catalunya Caixa a BBVA hemos perdido 12.000 millones de euros. Y estamos a la espera de ver lo que perderemos con la venta de Bankia.
En otras palabras: gracias al bolsillo de la ciudadanía, los ricos se están haciendo más ricos, mientras que nosotras, la gente de a pie, vivimos la austeridad, los recortes y los desahucios, entre otros males, para asegurar que paguemos nosotros por el rescate.
Las pérdidas son de todos, y las ganancias de muy, muy pocos.

Parte del proceso de “limpiar” o “sanear” el sistema financiero ha sido la creación de la Sareb. La Sareb es conocida como el banco malo, pero en realidad es una inmobiliaria de “activos tóxicos” con los despojos de la burbuja inmobiliaria, de las entidades rescatadas con dinero público. Estos “activos tóxicos” son viviendas acabadas o medio acabadas sin vender y la deuda de promotores y constructoras fallidas.

Con más de 106.000 propiedades, la Sareb es la inmobiliaria más grande de Europa. Encima, es una entidad que es 45% pública mientras el otro 55% es de las entidades rescatadas (por lo que la mayor parte de su dinero también es de todas). Pero en vez de garantizar el derecho a la vivienda para cientos de miles de ciudadanos que se encuentran en la calle, su objetivo es vender sus activos con un 15% de beneficio antes de 2027.
Gracias a la presión ciudadana, la Sareb ha cedido 2.000 viviendas a las comunidades autónomas en 2014. Pero decimos que es demasiado tarde, y sobre todo demasiado poco. 2.000 viviendas sólo son el 2% de todas las viviendas que tienen.
¡Las queremos todas!

En vez de rescatar a la gente, se rescató a la banca con nuestro dinero. Estamos sufriendo recortes en educación, sanidad y otros servicios públicos para asegurar el pago del rescate.
Denunciamos esto como un expolio, y con este objetivo lanzamos la campaña “la Sareb es Nuestra”, para retomar lo que es nuestro.

Ante esta situación, la campaña de la Obra Social de la PAH se basa en la movilización y autoorganización, siendo conscientes que solo organizadas y con apoyo muto podemos plantar cara a la injsuticia que supone la acumulacion de vivienda vacía junto con el drama de los desahucios, recuperado así esas viviendas que son nuestras y que la banca con la inseparable ayuda del gobierno nos ha arrebatado. Hemos realojado hasta el momento a unas 3.000 personas y recuperado cerca de 40 edificios, de los que 18 son propiedad de la Sareb, que además se niega a escuchar a las familias que vivien en ellos.

De estos bloques casi 40 bloques contamos con importantes victorias, los dos casos más evidentes, las cesiones de la Sareb a la Generalitat del Bloc Gracia ( Sabadell ) y el Bloc Bages 2 ( Manresa). Los dos bloques estan en proceso de firmar contratos de alquiler social para 3 años para las familias que los estan ocupando, 40 en el Bloc Gracia y 17 en el Bloc Bages 2. Victorias sin precedentes que nos ayudan a seguir sabiendo que SI SE PUEDE.

La PAH ha utilizado todas las vias posibles. 136 Ayuntamientos de Catalunya han aprobado la Moción de la Pah para multar a los Bancos que acumulan vivienda vacía y no le dan a ella un uso social, y en junio el Parlament de Catalunya aprobó la ILP de Las Pahs Catalanas, donde también se exige la movilizacion de la vivienda vacia para un uso social. Ahora con las Exigencias PAH interpelamos a los partidos para que apruben una ley que de una vez por todas acabe con esta injusticia. Y ahora, además, interpelamos a la SAREB y sus responsables políticos y económicos a que nos escuchen y cedan a las personas, a quienes ya las hemos pagado, las viviendas vacías como muestra el mapa tienen por todo el territorio español.

Exigimos a los grandes propietarios de vivienda, en particular a la SAREB, vacia su movilización urgente y que la vivienda responda basicamente a su funcion social, es impossible entender que despues de los miles de millones de rescate publico a la banca, esta siga maltratando a las personas que necesitan una respuesta habitacional, es inadmisible que la sareb siga actuando como si de una mafia se tratara, con total impunidad y sin respetar los derechos humanos.

Por eso hoy lanzamos la campaña la Sareb es Nuestra. En esta campaña hacemos publica la pagina web:www.lasarebesnuestra.com. En ella hemos mapeado unas 30.000 viviendas de la Sareb usando información de las immobiliarias que gestionan sus activos una buena parte de viviendas de la Sareb. Mientras no vemos atisbo de respuesta por parte de la Sareb ni la banca en general, creemos que es nuestra obligacion compartir nuestras herramientas, para que sea la gente organizada quien de respuesta a esta situción.

Las cuatro entidades que gestionan los activos de la Sareb, tres de ellas fondos de inversión norteamericanas, están beneficiando directamente del rescate a la banca, mientras que nosotros, la gente de a pie, pagamos la cuenta. Y mientras que sufrimos más de medio millón de ejecuciones hipotecarias y cientos de miles de desahucios, menos que el 2% del parque inmobilario en el estado español esta dedicado a la vivienda social.

Considerando que ya lo hemos pagado los ciudadanos, exigimos que la vivienda de la Sareb sirva NO para la especulación pero para que viva la gente. Basta de especulación, queremos vivienda digna para todas. Un parque de vivienda en manos de la ciudadanía, con alquileres estables y asequibles.

La Pah

 

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El derecho a la vivienda entra en campaña. La PAH exige vivienda digna.

El martes 8 de septiembre hemos presentado nuestra nueva campaña, Exigencias PAH, con la que pretendemos que los partidos politicos que se presentan a las elecciones generales del 20 de diciembre se comprometan con un listado de medidas “de mínimos” para garantizar el derecho a la vivienda y poner fin a los desahucios y la pobreza energética, forzando la inclusión de nuestras demandas en los programas electorales de los partidos políticos y a buscar el compromiso de cumplimiento de éstos puntos.

Para ello queremos que , una vez leído el documento, los partidos respondan en un mes con un posicionamiento claro acerca de las medidas que van incluidos en él. Es fácil para los candidatos ponerse la camiseta verde de StopDesahucios en los mítines, pero lo que necesitamos a estas alturas son compromisos claros acerca de qué se va a hacer con las viviendas vacías de los bancos, o sobre cómo se va a calcular y poner en marcha el alquiler social. Lo que exigimos son medidas de mínimos, que buscan garantizar de forma real y efectiva el derecho a la vivienda, y que deben formar parte urgentemente tanto de los programas electorales como incorporarse a la legislación vigente:

1. Dación en pago retroactiva.
2. Alquiler estable y asequible (Reforma de la Ley de alquileres).
3. Vivienda accesible (Movilizacion de vivienda vacia y alquiler social).
4. Suministros básicos garantizados.
5. Creación de un observatorio de la vivienda.

Nuestra intención es que, una vez conocida la posición de las diferentes candidaturas a la presidencia del Gobierno, se puedan producir reuniones públicas con las personas designadas por estos partidos para discutir las posibles diferencias. El precedente de la aprobación en el parlamento catalán de la Iniciativa Legislativa Popular por la vivienda y contra la pobreza energética demuestra que los cambios legislativos se pueden llevar a cabo, que se puede hacer en poco tiempo y que la ciudadanía tenemos la iniciativa y soluciones para abordar la emergencia.

Queremos también que los ayuntamientos se pronuincien y posiciones respecto a nuestras medidas, planteandomociones municipales, ya que incluso los ayuntamientos mas abiertos al cambio nos están diciendo que en muchos aspectos tienen las manos atadas y que sólo el Gobierno del Estado puede poner en marcha estas medidas de mínimos por lo que este es el momento para demostrar que apoyan el derecho a una vivienda digna.

Para nosotras, Exigencias PAH es una herramienta para participar activamente, para que el gobierno mande obedeciendo, y que el derecho a la vivienda se convierta en un compromiso efectivo entre las autoridades, los partidos políticos y la ciudadanía. Pero no es ni será nunca un aval electoral, y que desde su nacimiento la PAH siempre ha sido y será apartidista.



Vía: la PAH.

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Aprobada por unanimidad la ILP contra los desahucios y la pobreza energetica en Cataluña

El Parlament de Catalunya ha aprobado por unanimidad la ILP de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética.

Se trata de una gran victoria colectiva después de años de lucha por el derecho a la vivienda que permitirá poner en marcha mecanismos para acabar con los desahucios y cortes de suministro indiscriminados, a la vez que movilizar vivienda vacía para alquiler social.

El jueves el Parlament de Catalunya, en una sesión histórica ha aprobado la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y la pobreza energética, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC. Esta ILP se ha tramitado en un tiempo récord y ha conseguido sumar el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP que se ha abstenido en algunos de los puntos.

El debate de aprobación ha venido precedido por la intervención de dos de los portavoces de la Iniciativa Legislativa Popular. En una intervención emotiva y contundente han resumido el recorrido de lucha que ha permitido llegar hasta el día de hoy: “hemos conquistado nuestros derechos, hemos desobedecido leyes injustas y hoy estamos aquí para cambiarlas”. Las portavoces, se han dirigido a los diputados exigiendo que la altura de miras del Parlamento que hoy ha aprobado la ILP se mantenga y que haya un despliegue urgente de todas las medidas de la ILP y que se los dote de recursos suficientes para que puedan ser efectivas.

La ILP aprobada en el Parlamento es un conjunto de medidas que pretenden dar respuesta a la actual situación de emergencia habitacional y pobreza energética que sufre Catalunya.

Dada la emergencia de la situación y la tardanza en legislar para parar esta sangría, esta ILP se ha tramitado con urgencia extraordinaria, es decir que, en 15 días hemos sido capaces de hacer todos los trámites para que hoy la votación haya sido posible. Hay que destacar que todos los grupos parlamentarios han mantenido sus compromisos tanto en tempos cómo en contenido.

En los próximos días explicaremos a fondo qué efectos tendrá esta nueva herramienta legal de la que dispondremos a partir de ahora en Catalunya para hacer frente a la emergencia habitacional pero hoy ya hay que destacar un articulado final que respeta de forma íntegra los objetivos y efectos que buscaba el redactado original, que ha sido concretado, adaptado o incluso mejorado, para poner por fin sobre la mesa las tan necesarias herramientas de la finalmente bautizada como “Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética”. Además, el articulado aprobado presenta una solidez jurídica impecable, hecho que ha sido posible gracias al trabajo jurídico hecho desde el grupo promotor pero también gracias a las aportaciones de los servicios jurídicos del Parlamento y de las aportaciones de los grupos parlamentarios.

La ley aprobada hoy por el Parlamento de Catalunya no es ni mucho menos una declaración de intenciones legales sino una batería de herramientas útiles y efectivas para frenar la emergencia habitacional en Catalunya:

Medida 1. Mecanismos que otorguen una segunda oportunidad por las personas sobre-endeudadas y deudoras de buena fe. Mediante dos procedimientos (uno de extrajudicial y uno de judicial) se posibilita que las familias puedan liquidar sus deudas vinculadas con la vivienda habitual para poder empezar de nuevo.

Medida 2. Ningún desahucio para las familias en ejecución hipotecaria, estableciendo la obligación en las entidades financieras de conceder un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad residencial.

Medida 3. Alquiler social para familias en régimen de alquiler en riesgo de desahucio, con una importante distinción entre grandes y pequeños tenedores de vivienda. Cuando el propietario del inmueble sea una entidad financiera o un gran tenedor de viviendas, este tendrá que parar el desahucio y ofrecer un alquiler social a la familia.

Tanto en casos de lanzamientos hipotecarios como en los de alquiler de grandes tenedores, principalmente bancos, fondos de inversión o grandes tenedores que han comprado viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y desahucios; el incumplimiento de la oferta de alquiler social comportara una sanción económica grave (hasta 90.000 euros) que se ha incluido en el articulado de la ley 1/2007 catalana del derecho a la vivienda.

Medida 4. Creación de parque social de alquiler. Se establece la posibilidad de resolver la cesión temporal de los pisos vacíos propiedad de entidades financieras y grandes tenedores de vivienda para aumentar el parque público de alquiler disponible. De este modo, se añade una herramienta importante más para movilizar el parque de viviendas vacías que con el tiempo permitirá realojar todas aquellas familias que ya han sido desahuciadas sin alternativa.

Medida 5. Acceso garantizado a suministros básicos de agua, luz y gas con garantías para parar los cortes de agua, gas y luz de la población en situación de exclusión residencial a través de un protocolo garantista que obliga a la administración a aplicar las ayudas necesarias para evitar el corte de suministro, en caso de que el impago sea por carencia de recursos económicos, a asegurar el acceso a estos suministros básicos mientras dure la situación de exclusión residencial y a establecer acuerdos con las empresas suministradoras para que pongan ayudas a fondo perdido para hacer frente.

En definitiva, con esta ley se aportan por fin los mecanismos para terminar con las deudas de por vida, los desahucios de hipoteca y alquiler, garantizando el realojo en régimen de alquiler social y los suministros básicos a todos los hogares, a la vez que se movilizarán los pisos vacíos para que cumplan su función social.

La ILP es una ley de emergencia muy necesaria y un punto de partida, un importante precedente a la vez hablar de derechos al servicios básicos para ir hacia un modelo más justo de acceso a vivienda y servicios.

El aprobación de la ILP vivienda tan sólo ha sido posible gracias al trabajo incansable de muchísimos afectados, voluntarias, activistas, entidades y colectivos que han apoyado. Las entidades promotoras de la ILP no queremos esconder nuestra satisfacción por este éxito, que culmina más de seis años de lucha por el derecho a la vivienda digna. No nos podemos olvidar de las compañeras de todo el estado que también han sido responsables de llegar hasta aquí hoy. Esta ILP no tiene voluntad sólo de quedarse en el Parlament de Catalunya, sino que tiene que generar un efecto dominó en el resto de Parlamentos Autonómicos que tienen que dar respuesta ante un estado incapaz y secuestrado por el poder bancario y de las suministradoras.

El 23 de Julio de 2015 pasará a la historia como el día en el que la ciudadanía, harta de la violación de derechos humanos y de la injusticia, después de un largo camino de denuncia y autodefensa de los derechos fundamentales, lleva la auto-tutela de derechos hasta la redacción de una ley que los ampara y los pone por ante los beneficios de pocos.

Uno de los sueños de la PAH cuando nació al 2009, precisamente en Barcelona, era cambiar las leyes injustas y tener de justas para proteger los derechos fundamentales.

Hemos hecho realidad este anhelo. Seguimos adelante, porqué se ha dado un paso importantísimo para conseguir el derecho a la vivienda pero todavía nos queda mucho para andar.

Hoa sido un día histórico porque demostramos como el sentido común de la calle puede entrar a los Parlamentos de la mano de la ciudadanía organizada para hacer leyes que transformen las realidades injustas y que defiendan los derechos fundamentales de las personas.

Vía: La Pah

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ACUERDO CIUDADANO CONTRA LA “LEY MORDAZA”

PROPOSTA D’ACORD DE DEFENSA MÚTUA DAVANT L’AMENAÇA A LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ

I DE MANIFESTACIÓ PER L’APLICACIÓ DE LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA 4/2015

I DE LES MODIFICACIONS DEL CODI PENAL

Els col·lectius i organitzacions sotasignants hem convocat, organitzat o donat suport a nombroses accions de protesta i denúncia els darrers anys, concentracions, manifestacions, escraxes, assegudes, vagues… No ho hem fet per divertiment o capritx, ni tampoc per negoci o professió. Ha estat sempre una acció ciutadana en compliment del nostre compromís ètic i polític davant tantes situacions injustes, i davant les insuportables polítiques que han fet els darrers anys d’Espanya el país amb més desigualtat d’Europa.

Hem fet sempre pràctica del pacifisme i de la no-violència, i de l’ús dels drets civils com a via d’actuació i treball per la reclamació de les nostres reivindicacions ciutadanes i socials, i mai hem representat una amenaça per a la seguretat ciutadana.

Malgrat això el Govern, per via del Ministeri d’Interior i les seues delegacions de govern, ha replicat sovint amb amenaces i actuacions repressives. De vegades amb la persecució del dret de vaga dels sindicats i dels treballadors i les treballadores. D’altres vegades amb repressió, amb centenars de multes davant les mobilitzacions d’estudiants com la Primavera Valenciana, amb detencions o amb sancions per la resistència pacífica als desnonaments, o d’ocupació d’oficines bancàries per les persones estafades amb les preferents o afectades per les hipoteques i fins i tot s’han dificultat les marxes per la dependència i s’han dut a terme molts d’altres atacs.

Ara amb l’ús despòtic de la seua majoria absoluta ha forçat en solitari un canvi legislatiu (lleis 1, 4 i 5/2015) per augmentar la repressió i tractar d’emmordassar i callar l’onada de protestes ciutadanes davant les retallades socials i el desmantellament generalitzat de drets. Aquesta nova legislació de seguretat representa en si mateix un “abús de dret”, i una recuperació de la major arbitrarietat administrativa per la via de multes i sancions i de la supressió de garanties judicials. És palesa una voluntat repressiva pròpia del passat, amb la pretensió de defendre i blindar una oligarquia corrupta i de protegir els seus interessos.

Tot un arsenal contra els drets civils especialment dissenyat també per actuar contra la gent més feble, i contra els col·lectius de persones que es vol doblegar, excloure o expulsar. Cal assenyalar que seran les persones immigrants en situació irregular les que patiran també especialment aquesta nova legislació per facilitar la seua persecució i expulsió.

Considerem que, en situacions com aquestes, el desafiament o la desobediència a una administració autoritària, no només resulta inevitable i forçosa, sinó que és també un deure ètic, i encara major quan les activitats reprimides estan lligades a la defensa dels drets de col·lectius exclosos, atropellats o agredits des del poder. “Una llei injusta no és llei” deia un famós pensador moral; uns altres temps i d’altres moviments han viscut moments semblants.

Nosaltres volem mirar de front l’amenaça i el desafiament de les decisions del govern. Per això estem obligats a posar dempeus un seriós compromís de solidaritat popular i d’ajuda mútua. En conseqüència, les organitzacions ciutadanes, els col·lectius socials, els sindicats i els partits polítics solemnement acordem:

  1. Declarar que continuarem amb totes les nostres activitats de denúncia i protesta, sense acovardir-nos ni deixar-nos sotmetre per cap legislació injusta ni per l’autoritarisme de cap ministre d’Interior.

  2. Un compromís de defensa mútua i de solidaritat davant de l’aplicació de les mesures contemplades a les lleis, 1, 2 i 4 del 2015, que entraran en vigor el pròxim 1 de juliol, a les persones participants en accions convocades per qualsevol de les organitzacions signants. En virtut d’aquest compromís, qualsevol organització o col·lectiu podrà demanar l’actuació solidària i col·lectiva de la resta d’organitzacions i col·lectius, les accions jurídiques i polítiques que es consideren oportunes i així ho acorden entre elles.

  3. Així mateix ens comprometem a actuar solidàriament fins que totes les persones que puguen ser represaliades siguen amnistiades, amb l’anul·lació total de totes les sancions ocasionades per aquesta legislació i les polítiques que l’anticipen.

  4. Fem una crida general a l’afiliació de les nostres organitzacions i a la ciutadania valenciana al desafiament serè de l’autoritarisme, a l’exercici tranquil i sense por del drets de manifestació i de protesta i del dret d’expressió, davant de l’ús il·legítim i abusiu del poder de l’administració en benefici dels interessos i les polítiques partidistes. El dret a la resistència ha estat sempre una eina de construcció de societats més justes, i la germania i la solidaritat popular davant la tirania i els abusos del poder han format part del camí cap a la democràcia real. En aquest camí no retrocedirem.

 

15M Monteolivet

15M Olivereta

15M Plaza

Acció Cultural País Valencià

Acontracorrent

Assamblea Contra la Repressió i Per les

Llibertats (Ass. Micalet)

Associació CANDOMBE

ATTAC

AAVV Nazaret

Cadires de la Fam- Sillas del Hambre

Campanya CIE’s NO

Campanya No al TTIP

CCOO

Cedasala

CGT

CNT

Comité Apoyo Amazonía

Comité empresa RTVV

Constituients

Coordinadora d’ONG’s

Coordinadora Profesores i Profesors Interins

Democracia Real Ja Valencia

Ecologistes en Acció

Entrepobles

Escola Valenciana

Espai Alternatiu

Esquerra Unida del País Valencià

FAPA Valencia

Fem Via l’Horta

Front Cívic Somos Mayoria

HOAC Valencia

Iai@-flautas Valencia

Intersindical Valenciana

Joves d’EUPV

Lambda, col·lectiu de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals

Marxes per la Dignitat

Mil de Nou

Movimiento Contra la Intolerancia

PACMA

PCPV

Plataforma Afectades per les Hipoteques

Plataforma Pel Dret a Decidir

Plataforma Ciutadana Auditoria del Deute

Poble Lliure

Pobressa Zero

Podemos

Red Solidaridad Popular

Setem Comunitat Valenciana

So de Pau

UJC-PV

Un voluntario, un árbol

Unió per la III República

València En Comú

 

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PAH VALENCIA CONVOCA CONCENTRACIÓN Y RUEDA DE PRENSA ANTE LA SEDE DEL PARTIDO POPULAR

PAH VALENCIA convoca  para mañana miércoles, día 20 de mayo, a las 11:30 h. en la sede del Partido Popular, calle Quart, 120 de Valencia, Rueda de Prensa y concentración para protestar por lo falta de asunción de las reivindicaciones fundamentales de la PAH: paralizar cualquier desahucio sin alternativa habitacional,  promover la dación en pago con carácter retroactivo, la creación de un parque publico de viviendas, una segunda oportunidad ante la vivienda propia y la garantía de suministros básicos: agua, luz y gas.

 

De igual manera, vamos a solicitar al Partido Popular su implicación definitiva con Rosa Martínez, mayor de 70 años y que será desahuciada de su casa en breve, a instancia del Banco Primus. Es muy importante para la PAH hacer ver que detrás de cada reivindicación hay una familia directamente afectada por esta emergencia habitacional y especulación financiera. La política ha de estar al servicio de la ciudadanía y no de la banca.

 

La PAH explicará en la Rueda de Prensa qué formaciones políticas no han asumido nuestras reivindicaciones y cuáles sí, entre las que invitamos a nuestra Mesa Redonda y que se presentan en las actuales elecciones municipales y autonómicas

 

OS AGRADECEMOS VUESTRA IMPLICACIÓN Y COMPROMISO¡¡¡¡¡

 

Valencia, 19 de mayo de 2015

 

PAH VALENCIA-Juntxs podemos!!!
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Comunicado de Pah Valencia a los partidos políticos

Desde PAH Valencia, queremos dejar claro que, durante el período de elecciones NO PARTICIPAREMOS de ningún acto organizado por partidos o iniciativas políticas electorales.
Así mismo, y dando cumplimiento, como integrantes que somos de la PAH a nivel ESTATAL, a los criterios y pautas que han sido consensuadas y adoptadas en asamblea estatal, todas las personas afiliadas a partidos políticos serán bienvenidas a colaborar y participar,  podrán ser miembro activista de la misma, pero en ningún caso podrá representar ni ser portavoz de la PAH. Ya que con ello se puede dar lugar a que se  vincule y utilice la PAH con fines partidistas y confundir a la gente. Por ello, PAH Valencia NO SE IDENTIFICA con ninguna tendencia partidista. La única relación con los partidos, será derivada del tratamiento de mociones y documentos o acuerdos en defensa y lucha por la vivienda.

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LA PAH VALENCIA CONVOCA CONCENTRACIÓN Y RUEDA DE PRENSA CONTRA LA MORATORIA APROBADA POR EL GOBIERNO

PAH Valencia ha convocado este viernes una acción en los Juzgados de Valencia para manifestar nuestro rechazo a la moratoria de lanzamiento hasta 2017, contenida en el reciente Real Decreto Ley 1/2015 , llamado de segunda oportunidad. Esta medida, aunque amplia por dos años la moratoria fruto de las continuas luchas  en el estado y en Valencia (encierro Catedral, …),  no satisface las exigencias de la población, cuyo derecho a la  vivienda no debe estar subordinado a una serie de requisitos que, arbitrariamente, pone y quita el Gobiernos, según su antojo y según los intereses de la propia banca.

 

Las familias han de poder vivir en sus viviendas sin otro límite de tiempo que hasta que se le ofrezca una alternativa habitacional, eliminando toda otra restricción para acceder a este derecho que no sea la vivienda habitual y que no haya recursos. Las limitaciones en requisitos han supuesto, según reconoce el propio Gobierno, que en el primer período de vigencia de la norma sólo haya podido beneficiar al 8% de los 120.000 desahucios realizados.

 

Además, al modificarse  la ley a golpes interesados del Gobierno, no se tiene en cuenta las dificultades de las familias para articular su derecho,  y ahora, se ha de presentar de nuevo al Juzgado escritos solicitando la confirmación del derecho ya asignado. Hay que tener en cuenta que el Gobierno ha fijado, de momento tres plazos de límite: primero el 16 de noviembre de 2014 que fijó el R.D.-Ley 27/12; después  el 15 de mayo de 2015.según  la Ley 1/2013, y ahora, según este Real Decreto Ley 1/2015 se alargan dos años más la anterior, es decir, hasta el 15 de mayo de 2017. Este lío puede dejar fuera a familias, lo que se hubiera resuelto de realizarse el procedimiento de manera automática y mantener el derecho mientras no haya alternativa habitacional.

 

Por otra parte, hay un desconocimiento exacto de los datos  de personas afectadas, tanto aquí en Valencia, en  la Comunidad Valenciana y en el resto del Estado, ya que el acceso a las  cifras siguen sin democratizarse.

 

Finalmente, la falta de recursos en los Juzgados hace que la comunicación a las familias de la concesión de este derecho por parte del Juzgado sea tan lenta, que dificulta el propio derecho,  ya que se comunica a veces el mismo día del desahucio o cuando el banco ya ha renunciado a ofrecer un alquiler. Ello ha motivado la petición  de entrevista con el Decano de los Juzgados.

 

Por el pleno derecho a la vivienda!!

Ni un desahucio más!!

Valencia, 10 de abril de 2015

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Pah Valencia convoca a una concentración contra Blackstone y CaixaCatalunya por vulnerar el derecho a la vivienda conjuntamente con otras ciudades del planeta.

Próximo martes, 17 de marzo, 10:00 h., c/Las Barcas, 10, sede de CX

La PAH Valencia es conocedora de que Blackstone Group –primera firma del mundo de capital privado o capital inversión, dedicada a la adquisición de paquetes mayoritarios de acciones de empresas con problemas– se había quedado con la cartera de “hipotecas tóxicas” de Catalunya Banc, alrededor de 40.000, por un valor de unos 6.400 millones de euros, egún fuentes del mercado, y por las habría aplicado unos descuentos inconfesables, muy superiores al 43% inicial.

Recientemente, este grupo financiero estadounidense ha manifestado una actitud de gran agresividad con muchas familias, que conduce y conducirá a centenares o miles de desahucios; por ello y por los siguientes motivos, la PAH Valencia convoca esta concentración:

A. Nos parece vergonzoso que Caixa Catalunya, un banco que nos costó 12.000 millones de euros tras ser rescatado en 2011 venda nuestras casas a fondos buitre, a unos precios irrisorios, que se han negado reiteradamente a ofrecerlos a las familias, cuando se querían quedar sus propias viviendas en condiciones similares, o aún más ventajosas para el banco y el estado (quitas, dcho. tanteo/retracto..)

B. Raya la locura el hecho de que el Gobierno y las administraciones públicas, en lugar de garantizar el derecho constitucional a la vivienda –obligación reconocida ante los desahucios por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea–, se dedique a “facilitar la operación” de los fondos buitre.

C. Es absurda la creación de un fondo de titulización de activos respaldados por las hipotecas problemáticas, cuyo fondo emitirá deuda a adquirir por los inversores y el propio FROB, pero el fondo estatal se quedará con la parte respaldada por las hipotecas de menos calidad, por lo que los impagos le afectarán directamente.

D. Porque no vamos a tolerar las intenciones del grupo inversor Blackstone-TPG estadounidense de ejecutar sin piedad las hipotecas que no pueda vender de las 40.000 que se ha quedado, desahuciando para ellos a centenares o miles de familias.

PAH VALENCIA SE OPONDRÁ CON ROTUNDIDAD A ESTA SANGRIA Y VERGÜENZA¡

ACUDE¡¡

SI AL DERECHO A LA VIVIENDA Y NO A LAS MAFIAS BUITRE¡¡
POR UN CAMBIO RADICAL DE POLÍTICAS DE LAS ADMINISTRACIONES¡¡

Evento en facebook.

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Bruselas aclara que el plazo para recurrir cláusulas abusivas es contrario al derecho comunitario

El TJUE vuelve a dejar en evidencia la  parcheada legislación hipotecaria de nuestro país  que necesita de una reforma integral

Nuevo varapalo a la legislación hipotecaria española por parte del Tribunal Europeo de Justicia. Si en octubre eran los intereses de demora los que se cuestionaban tras una cuestión prejudicial planteaba ante el TJUE, en esta ocasión es Disposición Transitoria 4 de la Ley 1,/2013, normativa que se aprobó en nuestro país para proteger a los consumidores españoles, y que establece el plazo de un mes sin notificación para recurrir es contraria al derecho comunitario. Fuentes consultadas por esta publicación resaltan que nuestro país es de los que más tarde adaptan las directivas comunitarias relacionadas con la protección del consumidor y que no sería de extrañar que a medio plazo pudiera establecerse un procedimiento de sanción contra el Reino de España por este tipo de incumplimientos.

Al hilo del caso que se juzgaba en Luxemburgo de una pareja de Martorell que recurrió un día después del plazo establecido unas cláusulas abusivas de su hipoteca en Unim-BBVA. Para la Comisión es claro que no hay plazo para recurrir cláusulas abusivas. Por supuesto, tanto los abogados del Estado español como los defensores de la entidad financiera, Pérez-Llorca, alegaron la necesidad de la existencia de plazo “por seguridad jurídica”.

“Fuentes jurídicas nos cuentan que la vista parecía más un juicio de la Comisión contra España que del consumidor contra el banco”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en la defensa del consumidor de producto financiero y bancario. Desde este despacho de abogados se prevé una avalancha de reclamaciones si finalmente Luxemburgo confirma la tesis de la Comisión. “Va a ser un Aziz 2 pero mucho más relevante desde el punto de vista práctico porque la mayoría se quedaron sin poder recurrir por lo reducido del plazo”, concluye Navas.

Eugenio Ribon, abogado experto en consumo y responsable de esta sección en el ICAM: “Es evidente que el sistema hipotecario español no garantiza la defensa de los intereses de sus usuarios. El parcheo legislativo que se hace, lejos de arreglar el problema de fondo refuerza la postura del ejecutante frente al ejecutado”, apunta. Nos recuerda que nuestro país es el primer Estado incumplidor en directivas relacionadas con consumidores “se han traspuesto con demora las últimas fuera de plazo y no es de extrañar que en el futuro pudiéramos sufrir algún procedimiento sancionador”, indica.

Para este experto jurista es posible que se generen muchas reclamaciones “se ha producido una indefensión manifiesta de los afectados. Al mismo tiempo muchos de esos afectados, ya nada tienen que perder al estar algunos desahuciados”, señala. En el caso que se demostrara esa indefensión la norma tiene efectos retroactivos y se intentaría resarcir a los perjudicados. “A su juicio ha llegado el momento de hacer una reforma seria de nuestra legislación hipotecaria “y aprovechar para desarrollar una norma que regulase el sobreendeudamiento del consumidor, otro tema pendiente en nuestra normativa”.

En el lado de la judicatura, José María Fernández Seijo, magistrado del juzgado mercantil número 3 de Barcelona señala que: “la reforma que se hizo con la 1/2013 era una chapuza, al tener muchas fisuras y estoy seguro que se seguirán planteando cuestiones prejudiciales. Al final lo que se deduce de toda esta situación es que no se hicieron bien las cosas y el consumidor sigue desprotegido en esta materia”, comenta. Recuerda que a nivel de esta materia España y otros países del este son los que tienen más reclamaciones interpuestas. “Deberíamos parecernos a franceses, alemanes u holandeses pero estamos a la cola en este asunto.”

Jurisprudencia vinculante

Los jueces españoles tendrán por tanto que seguir esta jurisprudencia vinculante “es posible que haya que retocar nuestra Ley Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil para estar a la altura de lo que se nos exige en Europa. La propia LEC necesita una reforma integral para proteger a los consumidores”; apunta. Sobre el posible rebote que pudiera generarse con el caso Aziz, asunto que este mismo magistrado llevo indica que “no creo que se genere una avalancha de asuntos sobre esta materia. Con los últimos pronunciamientos del TJUE tampoco ha habido más litigiosidad de la debida”, aclara. Para este jurista la solución está en crear un Código de Tutela del Consumidor procesal y material al hilo de otros países que ya lo desarrollan.

Otro magistrado con experiencia es Manuel Ruiz de Lara, titular del juzgado de primera instancia número dos de Sevilla y autor de alguna otra cuestión prejudicial anterior tenida en cuenta desde el TJUE. “Siempre pensé que esa Disposición transitoria era contraria al derecho comunitario, la directiva 93/13 en su artículo 6 establece que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, es más el juez puede expulsar esas cláusulas, en cualquier parte de procedimiento, del propio contrato”; comenta. Igual podría pasar en segunda instancia. “Este control de oficio colisiona con establecer un plazo perentorio para que se aleguen cláusulas abusivas”, comenta.

Para este jurista, la ley 1/2013 tampoco protege al consumidor pese a ser creada para ese fin concreto: “Desde el año 93 hay una directiva que protege al consumidor, otra cuestión es no haberlo adaptado por parte de nuestro legislador. “Ahora, habrá que ver las consecuencias de esta nueva llamada de atención a nuestro legislador. “Este tipo de Disposiciones quedan inaplicables, el consumidor que presente fuera de ese mes que se señalaba una reclamación por tener una cláusula abusiva en su hipoteca puede perfectamente ejercer ese derecho y el órgano judicial admitir el escrito” indica nuestro interlocutor.

En el caso de aquella persona que haya sido desahuciada es posible que se pueda abrir alguna vía de reclamación: “Si ha perdido el piso y está ya en manos de terceros podría probar que tuvo perjuicios y lograr una indemnización sobre esta cuestión. No hay otra forma de compensarle”, apunta Fernández Seijo. Para Ribon “habría que ver si se puede producir una nulidad de actuaciones y en el caso que haya un adquiriente, tercero de buena fe, se abre una vía de responsabilidad patrimonial del Estado”, apunta. Ruiz de Lara señala que la medida tiene efectos retroactivos “tanto a los que están en trámites y pueden tener cláusulas como aquellos ya ejecutados. Aquí se podría apreciar una posible responsabilidad patrimonial del Estado por no haber adaptado la directiva 93/13. Sería complicado volver para atrás en el procedimiento de ejecución”, comenta.

Vía: http://www.lawyerpress.com/

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#NoMasDesahucios / Campaña de la PAH para visualizar que aún se siguen produciendo desahucios

http://nomasdesahucios.org

EXIGIMOS SOLUCIONES ANTE LA INJUSTICIA QUE SE ESTÁ COMETIENDO CON LAS PERSONAS DESAHUCIADAS EN ESTE PAÍS.

Soluciones que son justas, posibles y que ya que se están aplicando en otros lugares:

Parar los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas, hasta que se haya encontrado una solución a su situación. Y garantizar a los afectados el acceso a justicia gratuita para poder defenderse en los procesos de ejecución. En cualquier caso garantizar que ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional.

Regular la dación en pago, de manera que si el banco ejecuta la hipoteca y se queda la vivienda, la deuda queda liquidada, como sucede en otros países de la UE o en EEUU.

Conversión de las viviendas hipotecadas que han pasado a ser propiedad del banco mediante ejecución hipotecaria, para que pasan a ser parte de un parque publico de alquiler social que permita que las familias se queden en la vivienda. De este modo la Administración deberá forzar a las entidades financieras a asumir los precios reales de las viviendas, haciendo que los bancos renuncien a un porcentaje significativo de la deuda hipotecaria para que, a continuación, la administración compre la vivienda a precio de vivienda protegida de régimen general y el antiguo propietario pueda permanecer en ella como inquilino.

Realización de una Auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario.Existen indicios fundados que nos indican que la ciudadanía ha sido objeto de un gran fraude que debe ser investigado para poder establecer las responsabilidades de entidades empresariales, bancarias, así como de las instituciones públicas. La misma auditoría debería aclarar dónde han ido a parar los beneficios millonarios que se generaron durante el boom inmobiliario.

Establecer los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras.

Por eso te pedimos que uses nuestro sello, similar al que sirvió para desahuciar a muchas familias, para hacer llegar nuestro mensaje al Gobierno y los bancos. Porque ellos pueden tener la fuerza de la ley, pero entre todos tenemos la fuerza moral para cambiarla.

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