Gustavo compañero de Granada, otra víctima más de este genocidio financiero

En la noche del viernes 25 de julio nuestro compañero del grupo Stop Desahucios del 15M de Granada, Gustavo Arguellas, decidió acabar con su vida.

Gustavo, que estaba casado con Loli y tenía dos hijos de 11 y 3 años, se encontraba en proceso de desahucio con el Banco Mare Nostrum (ex Caja Granada). Stop Desahucios acompañó en repetidas ocasiones a la familia para intentar llegar a un acuerdo, deseaban en este caso la aplicación de la Ley 1/2013 que les permitiera la reestructuración de la deuda por cinco años, pero BMN siempre se negó.

Finalmente el compañero no pudo con la presión.

Gustavo es la última víctima de este genocidio financiero que ya se ha cobrado demasiadas vidas. Hacemos responsable a BMN de esta muerte y esperamos que sus dirigentes sean considerados como lo que son: unos asesinos.

El Banco Mare Nostrum (BMN, formado por Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra), consiguió un beneficio de 23 millones de euros en los primeros tres meses del año. BMN está participado en un 65,03% por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tras la ayuda pública recibida el año pasado. En total, el Estado ha inyectado casi mil millones de euros robados a los trabajadores. Su Consejo de Administración de 11 personas encabezado por Carlos Egea se repartió una remuneración de 1,1 millones de euros en 2013.

Gustavo, Loli y sus dos hijos no tenían tanto dinero. De hecho, no tenían ni el suficiente para pagar la hipoteca que en su momento firmaron con Caja Granada para poder acceder a una vivienda en su pueblo, Alomartes. Gustavo, trabajador de la construcción, estaba en paro.

La familia intentó durante mucho tiempo llegar a una solución con BMN, pero éste no quería. Hace tres meses se vieron obligados a dejar de pagar las cuotas, y aproximadamente por esas fechas acudieron a Stop Desahucios, en su Asamblea de Maracena. Con el asesoramiento necesario, presentaron los documentos necesarios para que el banco accediera a firmar una carencia durante cinco años, según establece el real decreto 6/2012 y la ley 1/2013, que son insuficientes, pero una mínima solución.

Hace sólo diez días recibió la carta de respuesta del banco: no aceptaban. El pasado jueves Gustavo volvió a la sucursal de BMN en su pueblo. La respuesta: “No hay solución”.

Siempre hay solución, y en este caso la hubiéramos conseguido como en otros cientos. Pero Gustavo no pudo soportar más el agobio y la presión que tenía en su espalda en forma de deuda de cerca de 120.000 euros y amenaza de desahucio.

Para la PAH de Valencia esta muerte no es un accidente, ni una decisión individual.

Es un crimen, un homicidio. Y como todos los crímenes tiene responsables: El principal es BMN que, como el resto de los bancos, tras lucrarse durante años de los magros ingresos de los trabajadores y trabajadoras, sigue poniendo miles de impedimentos para que todas esas familias humildes puedan mantener sus casas.

Pero también, y mucha, hay responsabilidades políticas, de los gobiernos que han mantenido y aprobado las criminales leyes hipotecarias y, especialmente el Gobierno español actual por negarse a aprobar la ILP presentada por la PAH, que demandaba cuestiones de mínimos como la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social. También por engañar a la población publicando unas normas restrictivas, que no resuelven los problemas, que son apaños que benefician a la gran banca, y que día tras día son condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

También las comunidades autónomas tienen una grave responsabilidad porque ante la situación actual llevamos años exigiendo cobertura real para la actual emergencia habitacional, comprometiéndose de una vez a evitar todos los desahucios en nuestra comunidad autónoma, cambiar de manera radical la ley valenciana de la Vivienda y asumir el uso social de la vivienda frente a los 3 millones y medio de viviendas vacías (INE), de ellas 505.029 están en la Comunidad Valenciana, y unas 116.000, más de una cuarta parte estarían en manos de bancos y grandes entidades financieras.

Gustavo y su familia son el último eslabón de un proceso superagresivo que desde el 2007 ha ocasionado en todo el Estado 550.000 ejecuciones hipotecarias (más de 91.000 en el País Valencià), 387.000 familias desahuciadas (no menos de 69.800 en el País Valencià) , con un sufrimiento indecible en dónde hemos perdido a decenas de personas que se ha ido quitando la vida. No estamos dispuestos a perder más vidas.

No más muertes! Vamos a cambiar este sistema criminal!

Gustavo vives en nosotras! Sí se puede¡

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