Los desahucios vuelven al Congreso de los Diputados

Si el PP creía que, secuestrando parlamentariamente la ILP impulsada por la PAH, sindicatos y organizaciones sociales y avalada por 1,5 millones de firmas, terminaba con el debate de las familias hipotecadas y los desahucios, iba muy errado.

El dramatismo de la situación, la perseverancia en la lucha y la solidaridad de la PAH y la insistencia de algunos para acompañar y apoyar esta lucha en las instituciones, mantiene el conflicto más vivo que nunca.

La primera iniciativa que verá el Congreso en el actual periodo de sesiones será una Proposición de Ley del Parlament de Catalunya, aprobada en la última legislatura, a partir del trabajo de la Comisión de Justicia, presidida entonces por el compañero y amigo Salvador Milà. Estamos, pues, ante una nueva oportunidad para encarar el problema de fondo y adoptar soluciones reales y rápidas.

Durante dos años el Gobierno Rajoy, como antes el Gobierno de Zapatero, se ha negado a encarar lo que, junto con un paro masivo y crónico, es el principal problema de nuestra sociedad. Las soluciones no son fáciles, porque las dimensiones del endeudamiento hipotecario son tan gigantescas como el fraude social que hay detrás. Pero la razón de que no se haya afrontado este drama social no está en la complejidad de las soluciones, sino en que desde el poder político no se quiere afectar el mercado hipotecario. El PP sigue poniendo los intereses de los titulares de cédulas hipotecarias (unos 333.938 millones de euros) por delante del derecho constitucional de las familias a disponer de vivienda.

El conflicto social es muy evidente e intenso, y por eso el gobierno Rajoy ha combinado inmovilismo con medidas cosméticas, siempre improvisadas ya remolque de las movilizaciones sociales.

Hoy ya disponemos de datos que confirman lo que intuíamos: las medidas adoptadas no resuelven el problema y están sólo orientadas a un lavado de cara y, en el mejor de los casos, de mala conciencia.

El Código de Buenas Prácticas Bancarias de Guindos, adoptado hace dos años como respuesta a una interpelación del grupo Izquierda Plural ha resultado un fracaso. En un periodo en el que se han producido cerca de 120.000 desahucios, se han podido presentar 9.861 solicitudes para acogerse al Código, de las cuales el 48% han sido denegadas. Solo 2.300 familias han podido acceder a algunas de las modalidades de reestructuración de la deuda. Y solo 6 han obtenido una quita en el importe de su deuda. Es ilustrativo compararlo con las decenas de millones de euros de finiquito que los promotores inmobiliarios han obtenido los mismos bancos, que las niegan a las familias. Cabe recordar que el agujero provocado por estas quitas a las inmobiliarias lo está pagando la ciudadanía con el rescate bancario.

Otra prueba del fracaso en el Código de Guindos la tenemos en los datos del Banco de España. Durante el 2012 se produjeron 15.174 daciones en pago, y en seis meses de 2013, unas 8.856, lo que confirma que la mayoría de estos acuerdos de dación en pago se han hecho en negociaciones privadas o promovidas por las movilizaciones de la PAH, y no en el marco del Código de Guindos.

Otro fraude político del PP ha sido el Fondo Social de Vivienda para alquiler social, constituido por 6.000 viviendas propiedad de los bancos. Los requisitos de acceso son tan restrictivos que sólo se han presentado 1.259 solicitudes y se han adjudicado 637, con sólo 410 contratos firmados hasta ahora.

Una vergüenza, por todos los lados. Porque los bancos han facilitado en general el stocks de viviendas más deterioradas. Y porque han quedado fuera de este fondo todas las viviendas del SAREB –Banco Malo– , fruto el proceso de saneamiento bancario. El Gobierno se niega a poner una parte del patrimonio del SAREB, constituido, hay que recordar, con fondos y avales públicos, al servicio de una política social de alquiler. El argumento del Gobierno es la necesidad de evitar pérdidas al SAREB, pero la realidad es que se está utilizando para promover una otro negocio, en este caso por parte de fondos de inversión de todo el mundo, que están comprando el mejor patrimonio del SAREB a precios de saldo y nos dejarán los patrimonios más dañados. Por si fuera poco, el Gobierno acompaña este negocio de una política oscurantista, negando la información a este diputado con la excusa de que el SAREB es una empresa de mayoría privada. Hay que ser sinvergüenza.

Así, podríamos repasar los resultados de cada una de las medidas aprobadas por el gobierno Rajoy, que, obligado por la movilización social y por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aprobó una ley que ha introducido cambios en las subastas, en la impugnación de cláusulas abusivas en las hipotecas. Pero ninguna de ellas está teniendo resultados significativos. Y la razón es que no se quiere encarar el problema de fondo, ni adoptar soluciones reales, a fin de no afectar “negativamente” el mercado de las cédulas hipotecarias.

El drama de las hipotecas, lejos de disminuir, continúa aumentando su dimensión humana y también económica. 600.000 familias están atrapadas en hipotecas por más valor que sus viviendas. La morosidad familiar no para de crecer. Según el Banco de España, el 5,6% en el tercer trimestre de 2013, cuando hace un año era del 3,48%. Y esto en una sociedad con una tasa de paro del 26%, 2 millones de parados sin prestación, 1,4 millones de hogares sin ningún ingreso, el 12,3 % de los trabajadores con empleo con ingresos bajo el umbral de la pobreza y 3 millones de personas en situación de pobreza extrema. Y mientras tanto, algunos pretenden que la solución es seguir bajando salarios. De locos, o mejor, insaciables y suicidas a la vez.

Tres son los ejes básicos de una solución real: el primero, poner en marcha un proceso real y efectivo de reestructuración de las deudas hipotecarios de las familias, que reduzca significativamente su endeudamiento y les permita vivir dignamente. Hay razones éticas y de justicia, pero también económicas. Es evidente que esta apuesta tiene costes económicos que habrá que asumir, pero tiene menos riesgos sociales y económicos que continuar asfixiante familias.

El segundo, aprobar de una vez por todas una ley de segunda oportunidad que acabe con dos grandes anomalías e injusticias: si el deudor es una empresa, la legislación le permite, a través del proceso concursal, una reestructuración de la deuda, que en muchos casos incluye una fuerte quita y ofrece a la empresa una doble oportunidad. Pero si el deudor es una persona física, una familia, la ley española no le ofrece esta segunda oportunidad. Y España es de los pocos Estados de la UE que no tiene una ley de segunda oportunidad para las familias. La razón vuelve a ser la de siempre: las cédulas hipotecarias tienen la garantía de las hipotecas suscritas, pero no de cualquier hipoteca. Detrás de las cédulas hipotecarias suelen haber las hipotecas de las familias, por su elevada seguridad en el cobro. Toda una declaración de prioridades.

También hay que aprovechar la oportunidad que ofrece el saneamiento bancario para poner una parte del parque de viviendas propiedad del SAREB realizar funciones de parque público de viviendas sociales de alquiler. Con una gestión descentralizada en las CCAA, con importante participación de los ayuntamientos, que son los que mejor conocen la realidad social de las familias. Y en colaboración con entidades sociales que trabajan con personas con necesidades sociales o riesgo de exclusión. Esta sí sería una buena práctica de colaboración público-privado.

El martes 11 de febrero, el Congreso tendrá una nueva oportunidad de afrontar el problema de cara. Allí estaremos. Espero que el PP no vuelva a bloquear de nuevo las soluciones ya matar las esperanzas de miles de familias.

Via: http://elblocdelcoscu.blogspot.com.es/

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